Diario Móvil
Luego de que las empresas nucleadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) justificaran la reducción de frecuencias de la RedTulum por una presunta deuda millonaria en compensaciones tarifarias, el Gobierno de San Juan respondió con un comunicado oficial y rechazó esa versión.
A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, el Ministerio de Gobierno aseguró que la Provincia "no mantiene deudas con las empresas prestatarias del servicio" y sostuvo que los pagos correspondientes al mes de junio continúan dentro del procedimiento administrativo habitual.
Desde el Ejecutivo explicaron que la documentación necesaria para iniciar la liquidación fue presentada por las empresas recién el pasado 14 de julio, por lo que el expediente aún se encuentra dentro de los plazos previstos para su tramitación.
Además, señalaron que parte de esa documentación contenía errores que debieron ser corregidos antes de continuar con el circuito administrativo, situación que generó demoras en algunos expedientes.
En relación con los reclamos económicos formulados por ATAP que exceden el mes de junio, el Gobierno indicó que esos conceptos serán revisados y verificados. En caso de corresponder, aseguraron que se abrirá una instancia de diálogo con las empresas para analizar cada planteo.
Otro de los puntos abordados en el comunicado tiene que ver con los fondos nacionales destinados a los atributos sociales del transporte público. La Secretaría recordó que esos recursos dependen exclusivamente de la Secretaría de Transporte de la Nación y precisó que, según la información oficial disponible, el pasado 28 de julio se acreditó el pago correspondiente al mes de mayo. De esta manera, únicamente permanece pendiente la transferencia correspondiente a junio.
La respuesta oficial llegó pocas horas después del duro comunicado difundido por ATAP, en el que las empresas afirmaron que la reducción transitoria de servicios responde al "grave desfinanciamiento" del sistema.
Las concesionarias sostuvieron que las acreencias pendientes ascienden a aproximadamente 9.750 millones de pesos, de los cuales alrededor del 60% correspondería a obligaciones de la Provincia y el 40% restante a la Nación. Entre los conceptos reclamados figuran compensaciones por el Boleto Escolar, Boleto Docente, trasbordos, convenios por kilómetro, mayores costos operativos no reconocidos en la tarifa, publicidad y atributos sociales.
Según las empresas, la falta de esos recursos afecta el pago de combustible, salarios, mantenimiento de las unidades y compra de repuestos, lo que derivó en la decisión de reducir frecuencias para intentar sostener la continuidad del servicio.
Con este comunicado, el Gobierno provincial marcó diferencias con la postura de las concesionarias y dejó en claro que, al menos respecto de las compensaciones provinciales de junio, considera que el proceso de pago se desarrolla dentro de los tiempos administrativos normales, mientras continúa el análisis del resto de los reclamos planteados por el sector empresario.
