Diario Móvil
Los grandes proyectos mineros que se desarrollan en la cordillera y necesitan operar tanto en Argentina como en Chile cuentan con un marco legal específico para coordinar sus actividades. Se trata del Tratado de Integración y Complementación Minera, un acuerdo bilateral que establece las reglas para este tipo de emprendimientos.
Aunque las empresas mineras son las principales interesadas en incorporar sus proyectos al régimen, no son ellas quienes toman las decisiones sobre su aprobación. El tratado mantiene las facultades de autorización, control y supervisión en manos de los gobiernos de Argentina y Chile.
Las compañías pueden presentar sus proyectos y plantear las necesidades que requieren para su funcionamiento, como el tránsito de trabajadores, el traslado de maquinaria, infraestructura y cuestiones aduaneras. Sin embargo, deben atravesar previamente un proceso de evaluación en ambos países.
En esa instancia intervienen distintos organismos públicos, que analizan aspectos técnicos y legales, además de cuestiones ambientales, migratorias y aduaneras. Si la iniciativa cumple con los requisitos establecidos, se avanza en la elaboración de un Protocolo Adicional Específico (PAE), que define las condiciones particulares para que el proyecto pueda operar en ambos territorios.
La decisión final queda en manos de la Comisión Administradora Binacional, integrada por representantes de los gobiernos de Argentina y Chile. Este organismo es la máxima autoridad del tratado y es el encargado de evaluar la documentación y resolver la incorporación de cada proyecto al régimen.
El acuerdo, por lo tanto, no implica que las empresas mineras tengan control sobre las decisiones de los Estados. Su objetivo es facilitar la coordinación entre ambos países para proyectos que, por sus características, necesitan desarrollar actividades a ambos lados de la cordillera.
El Tratado de Integración y Complementación Minera fue firmado el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta y posteriormente incorporado a la legislación argentina mediante la Ley 25.243, sancionada en marzo de 2000. Desde entonces, constituye el marco legal para avanzar en proyectos mineros binacionales que requieren una coordinación permanente entre ambos países.
