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Este jueves, se conoció que el organismo encargado del control policial abrirá un sumario administrativo a raíz del reclamo interpuesto por un joven de 20 años, quien sostuvo haber sufrido agresiones físicas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad luego de ser aprehendido e ingresado a la Comisaría 31. Por este motivo, la Subsecretaría de Control y Gestión de la Seguridad Pública tomó intervención en el hecho.
El funcionario al frente de la dependencia, Damián Villavicencio, señaló en diálogo con Radio Sarmiento que ya cuenta con un reporte inicial de lo sucedido. Asimismo, confirmó que la progenitora del afectado formalizará el reclamo administrativo en la repartición, en paralelo a la causa judicial que tramita en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales.
En esta primera fase de la instrucción, la autoridad administrativa se abocará a la recolección de elementos probatorios. Para ello, requerirán el informe elaborado por el médico legista, los registros de las cámaras de vigilancia de la seccional, las filmaciones del CISEM, declaraciones testimoniales y los descargos de los agentes policiales que actuaron en el operativo.
Respecto al estado físico del damnificado, Villavicencio detalló que las revisiones médicas posteriores a la aprehensión constataron la presencia de traumatismos y lesiones. Sin embargo, precisó que aún resulta prematuro determinar el origen o la responsabilidad de esas marcas, aspecto que será materia de análisis durante el proceso investigativo.
De comprobarse indicios firmes sobre un accionar irregular durante las primeras diligencias, las autoridades elevarán un pedido al jefe de Policía para disponer la suspensión preventiva de los seis policías sospechados mientras continúe la sustanciación del expediente.
El titular del área recordó además que no todas las presentaciones formuladas culminan con la comprobación de abusos. Según sus palabras, existen procedimientos donde se ratifica el correcto accionar de las fuerzas, mientras que en otros se demuestran las anomalías y se fijan los castigos correspondientes. De confirmarse las irregularidades, el marco sancionatorio prevé desde suspensiones de hasta 40 días hasta la sanción de cesantía o exoneración de la fuerza.
