Diario Móvil
Un docente de San Juan fue desvinculado de la administración pública luego de que una investigación interna concluyera que presentó certificados médicos adulterados para justificar reiteradas ausencias laborales. Aunque intentó revertir la medida mediante un recurso administrativo, el Gobierno provincial confirmó la cesantía al considerar acreditada una falta de extrema gravedad.
Se trata de Pablo Nievas, quien se desempeñaba en establecimientos educativos del departamento Pocito. El caso salió a la luz a partir de un decreto oficial que rechazó el pedido de reconsideración presentado por el educador, dejando firme la decisión adoptada por el Ministerio de Educación.
La investigación comenzó en agosto de 2022, cuando directivos de las escuelas General Mariano Acha y Carlos Saavedra Lamas detectaron inconsistencias en una de las constancias médicas que el docente había entregado para justificar una ausencia. Esa situación derivó en una auditoría que terminó ampliándose a la documentación presentada durante 2021 y 2022.
Durante el sumario se estableció que Nievas había remitido diez certificados médicos, enviados incluso por WhatsApp, para respaldar distintos pedidos de licencia. Sin embargo, la Dirección de Control y Reconocimientos Médicos informó que esos permisos nunca fueron autorizados y que la documentación presentaba irregularidades en su contenido, formato y autenticidad.
Los peritajes también determinaron que los certificados contenían inconsistencias en la numeración de las planillas y en la identificación de los profesionales que supuestamente los habían intervenido. Además, el organismo confirmó que no existían registros de internaciones, juntas médicas ni licencias aprobadas que respaldaran las ausencias cuestionadas.
Con esos elementos, la instrucción sumarial concluyó que el docente incurrió en una conducta incompatible con las obligaciones del cargo, al utilizar documentación presuntamente adulterada para justificar faltas. La falta fue calificada como grave por afectar la ética y la responsabilidad exigidas a los agentes del sistema educativo.
La entonces ministra de Educación, Silvia Fuentes, resolvió aplicar la cesantía el 27 de junio de 2025. Meses después, Nievas presentó un recurso para que la decisión fuera revisada por una instancia superior dentro de la administración pública.
En su defensa, el docente sostuvo que la sanción resultaba desproporcionada y argumentó que, en caso de existir observaciones sobre los certificados, la situación podría haberse corregido solicitando documentación más legible o verificando directamente la información con el profesional que los habría emitido.
También afirmó que nunca abandonó sus funciones y que incluso se mostró dispuesto a compensar las horas correspondientes a las ausencias observadas.
No obstante, tanto la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos como la Asesoría Jurídica del Gobierno coincidieron en rechazar esos argumentos. Los organismos señalaron que es responsabilidad exclusiva del trabajador presentar documentación válida para acceder a una licencia y remarcaron que el propio docente reconoció haber utilizado certificados que no habían sido aprobados.
Finalmente, el Ejecutivo provincial resolvió mantener la cesantía al considerar que la conducta fue reiterada durante un período prolongado y que la gravedad de los hechos justificaba plenamente la sanción disciplinaria. Con la vía administrativa agotada, el docente aún conserva la posibilidad de acudir a la Justicia si decide impugnar la medida.
