
Imputaron a un funcionario de la Facultad de Ingeniería por presunto abuso y acoso laboral
Diario Móvil
Este martes, pasado el mediodía, trascendió desde Tribunales que, el juez de garantías Mariano Carrera, dio inicio formal a una investigación penal preparatoria contra Nicolás Ismael Morales, un empleado jerárquico de 63 años perteneciente al Instituto de Fotogrametría, Cartografía y Catastro (CEFOCCA), área dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La atribución delictiva provisoria responde al delito de abuso sexual simple reiterado en perjuicio de una integrante del personal del mismo organismo, fijándose un plazo judicial de nueve meses para que el Ministerio Público Fiscal complete la recolección de pruebas antes de definir la eventual elevación del expediente a debate oral.
En el marco de las actuaciones desarrolladas por la UFI CAVIG, la fiscal Florencia Pons Belmonte argumentó que el imputado habría valido de su rango en la estructura jerárquica para coaccionar a la trabajadora y condicionar su estabilidad en la dependencia. De acuerdo con las actuaciones, esa dinámica derivó en un patrón continuo de asedio mediante comunicaciones fuera de la jornada de trabajo, insinuaciones y elementos de índole sugestiva que la afectada rechazó de forma reiterada, escalando luego hacia al menos dos episodios de presuntas agresiones físicas de connotación sexual cometidos entre 2024 y comienzos del corriente año.
Para sustentar la formulación de cargos, el órgano acusador incorporó registros de mensajería instantánea mediante WhatsApp, declaraciones testimoniales de compañeros de labores y la exposición de una persona que manifestó haber atravesado una experiencia semejante con el mismo implicado. Asimismo, se conoció que el hecho motivó inicialmente una presentación interna ante las autoridades universitarias, las cuales dispusieron la separación de turnos laborales para evitar la interacción diaria entre las partes previo al avance de la causa judicial.
Por su parte, el abogado defensor José Beltrán Bengoa desestimó de plano los señalamientos de la Fiscalía al manifestar que no existió abusos ni una relación de asimetría o subordinación.
Finalmente, si bien Morales transitará el proceso en libertad, la magistrada resolvió aplicar medidas cautelares de protección a favor de la denunciante. Dichas disposiciones imponen la restricción de acercamiento a un radio inferior a los 300 metros, la prohibición estricta de entablar contacto por vías telefónicas, digitales o de forma presencial, y la abstención de realizar cualquier acto de amedrentamiento o perturbación que pudiera interferir con el desarrollo de la investigación.




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