Diario Móvil
Luis David Romero, imputado por las amenazas de bomba que alteraron el funcionamiento del Hospital Rawson, volvió a quedar detenido luego de ser arrestado por un intento de robo. Durante el procedimiento, las autoridades constataron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente por no haberse presentado a una audiencia clave en la causa por las intimidaciones al nosocomio.
La detención se produjo el sábado 10 de julio, cuando Romero fue aprehendido en el marco de una tentativa de robo. Al verificar sus datos, la Justicia advirtió que estaba declarado en rebeldía y que existía una orden de captura vinculada a la investigación por las amenazas de bomba registradas a fines de 2025.
Este lunes se llevó a cabo la audiencia de control de detención por el nuevo hecho. El juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli resolvió imponerle dos meses de prisión preventiva, valorando, entre otros elementos, sus antecedentes penales. Según se informó en la audiencia, Romero registra diez condenas en su historial, incluida una pena anterior de 12 años de prisión.
La investigación está a cargo de la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles. La orden de captura no estaba relacionada con el intento de robo, sino con la causa por las amenazas al Hospital Rawson.
El 3 de julio, Romero debía presentarse a la audiencia de control de acusación, instancia en la que la Fiscalía solicitó elevar la causa a juicio. Al no concurrir, la Justicia lo declaró en rebeldía y ordenó su captura inmediata.
Romero había sido detenido originalmente en diciembre de 2025 durante la investigación por las amenazas de bomba que generaron alarma pública y motivaron un operativo de seguridad en el Hospital Rawson. En ese contexto, los investigadores allanaron su vivienda y secuestraron un revólver, por lo que también fue imputado por la tenencia del arma.
Además del proceso por las intimidaciones al hospital, Romero deberá responder ahora por el intento de robo que motivó su nueva detención. Mientras avanza la investigación, permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial durante los próximos dos meses, conforme a lo dispuesto por el juez Meglioli.
