Misiones tomó como ejemplo a San Juan para avanzar con el sistema acusatorio

El modelo judicial desarrollado en San Juan volvió a posicionarse como una experiencia de referencia a nivel nacional. Esta vez, fue la provincia de Misiones la que convocó a autoridades sanjuaninas para conocer de primera mano el funcionamiento de la Oficina Judicial Penal y su implementación del sistema procesal acusatorio adversarial. 

La actividad se desarrolló el pasado 25 de junio en el edificio de Tribunales del Poder Judicial misionero y contó con la participación del presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, acompañado por el director de la Oficina de Gestión Judicial Penal, Fabricio Serafino. También estuvieron presentes ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y del Poder Judicial de Chaco. 

Durante la jornada, las autoridades sanjuaninas compartieron la experiencia acumulada tras la puesta en marcha del nuevo sistema penal, haciendo foco en la organización de audiencias, la administración eficiente de agendas, la optimización de tiempos y recursos, además de los procesos de digitalización y modernización que transformaron el funcionamiento de la Justicia provincial. 

El encuentro tuvo como objetivo aportar herramientas y conocimientos a Misiones, que atraviesa un proceso histórico de adecuación hacia el sistema acusatorio. En ese marco, Olivares Yapur destacó la trascendencia institucional del cambio y expresó el respaldo de San Juan al proceso que impulsa la provincia mesopotámica. 

“Se trata de una transformación histórica y paradigmática para el Poder Judicial de Misiones. Cada vez que nos necesiten, más allá de los 1.650 kilómetros que nos separan, estaremos acompañando esta decisión política e institucional”, manifestó el titular de la Corte sanjuanina durante la reunión. 

La exposición volvió a colocar a San Juan como uno de los distritos pioneros en materia de innovación judicial, con un esquema organizativo que despierta interés en otras provincias que buscan agilizar procesos, transparentar la gestión y adaptar la administración de justicia a los nuevos desafíos tecnológicos y procesales del país.