El IPV tendrá un nuevo sistema: prometen más transparencia para adjudicar viviendas

El Gobierno de San Juan decidió avanzar sobre uno de los cambios más profundos en la historia reciente del Instituto Provincial de la Vivienda. La nueva ley que prepara el Ejecutivo provincial eliminará el mecanismo de adjudicaciones directas y establecerá que todas las viviendas financiadas por el Estado provincial sean asignadas mediante sorteos públicos, previo cumplimiento de un sistema de evaluación que determinará quiénes podrán integrar cada padrón.

La iniciativa, que todavía se encuentra en elaboración, busca unificar las reglas de acceso para todos los sanjuaninos y dejar sin efecto modalidades que durante años convivieron con el sistema de sorteos. La intención oficial es que ningún aspirante obtenga una vivienda por fuera del procedimiento previsto por la ley.

"La idea que tiene el gobernador es establecer un sistema transparente, mucho más transparente, mucho más contrastable en los hechos, que la persona tenga la seguridad de que si reúne las condiciones que la ley determina, eso le va a posibilitar participar de un sorteo en el cual se le va a adjudicar la casa", explicó el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari.

El funcionario resumió el espíritu de la reforma con una definición que apunta directamente al sistema utilizado durante años. "Se terminaron las adjudicaciones por planilla o de manera irregular, acá va todo el mundo al sorteo", afirmó.

Pero el cambio no se limitará al mecanismo de adjudicación. Antes de llegar al sorteo, cada postulante deberá atravesar un proceso de calificación. Para ello, el Gobierno pondrá finalmente en funcionamiento un sistema de puntajes que ya figura en la legislación vigente, aunque nunca fue reglamentado.

Ese puntaje contemplará diferentes variables para establecer prioridades entre los aspirantes. Se analizará la composición del grupo familiar, la situación socioeconómica, la estabilidad laboral y la capacidad de afrontar el pago de la cuota, entre otros aspectos que serán definidos en la reglamentación.

Además, la futura normativa incorporará criterios vinculados a la conducta de los postulantes. Ferrari adelantó que la inexistencia de antecedentes penales será un elemento importante dentro de la evaluación, aunque aclaró que no implicará una exclusión automática en todos los casos. "La inexistencia de antecedentes penales va a ser considerada una situación importante a la hora de calificar", sostuvo, al explicar que, frente a dos personas con similares condiciones, tendrá prioridad quien reúna mejores antecedentes de conducta.

La evaluación también contemplará el cumplimiento de obligaciones legales. Entre ellas, el Ejecutivo analiza exigir que los postulantes no registren incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias ordenadas por la Justicia.

La reforma alcanzará incluso a quienes ya resulten adjudicatarios. El Gobierno pretende incorporar causales específicas para desafectar viviendas cuando existan condenas por delitos de especial gravedad. Según adelantó Ferrari, hechos como violencia intrafamiliar, delitos contra la integridad sexual, homicidios o robos agravados podrán derivar en la pérdida del beneficio cuando esas conductas resulten incompatibles con los objetivos sociales del programa habitacional.

Uno de los capítulos más sensibles del proyecto apunta a poner fin a las operatorias desarrolladas durante años mediante sindicatos u organizaciones intermedias que comercializaban carpetas o conformaban listados de futuros beneficiarios para barrios que luego esperaban fueran financiados por el IPV.

El asesor letrado aseguró que, en numerosos casos, esas operatorias se apoyaban en compromisos políticos que nunca llegaron a formalizarse. "Hoy día no hay ningún compromiso firmado con varios sindicatos", afirmó.

Ferrari reconoció que muchas familias adquirieron carpetas, terrenos o participaron de urbanizaciones convencidas de que eso les aseguraba una vivienda estatal. Sin embargo, sostuvo que el Instituto Provincial de la Vivienda nunca asumió formalmente esa obligación y que mantener ese esquema implicaría perpetuar un sistema que la nueva ley justamente pretende eliminar.

"La idea del gobernador es ser lo más transparente e igualitario posible, que todo el mundo tenga el mismo derecho", remarcó el funcionario.

Aunque admitió que existen terceros de buena fe perjudicados por esas operatorias e incluso recordó que algunas derivaron en investigaciones penales aún abiertas, sostuvo que el nuevo régimen buscará que todas las viviendas del IPV respondan a un único procedimiento: calificación mediante puntajes, conformación de padrones y adjudicación exclusivamente a través de sorteos públicos.