Pidieron 12 años de prisión para el abogado sanjuanino De la Fuente y su socio

El juicio oral contra el abogado penalista Gustavo De la Fuente y su socio John Sebastián Quevedo ingresó en su etapa decisiva este jueves, luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara una condena de 12 años de prisión efectiva para ambos acusados por presunta explotación sexual de 37 mujeres.

La audiencia se desarrolló en el Tribunal Oral Federal, presidido por Daniel Doffo. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, junto a María Alejandra Mángano, mientras que la defensa fue ejercida por los abogados Jorge Olivera Legleu, Fernando Castro y la defensora oficial federal Gema Guillén.

Durante los alegatos, la Fiscalía sostuvo que entre marzo de 2022 y julio de 2024 funcionó en San Juan una estructura dedicada a captar y explotar mujeres en situación de vulnerabilidad económica a través de la agencia de modelaje webcam "Belle Argentina", que operaba en un inmueble de calle Güemes, en Capital.

Según la acusación, las víctimas realizaban transmisiones de contenido sexual para plataformas internacionales y los imputados retenían al menos el 50% de las ganancias obtenidas. Además, señalaron que existían multas económicas, extensas jornadas laborales y condiciones de trabajo consideradas abusivas.

Uno de los ejes centrales del alegato fue que el supuesto esquema de explotación se sostenía mediante mecanismos de control económico y psicológico, aprovechando situaciones de necesidad de las mujeres reclutadas. La Fiscalía también presentó mensajes, documentación secuestrada durante los allanamientos y registros extraídos de dispositivos electrónicos como parte de la evidencia incorporada al debate.

Los investigadores sostuvieron además que existía un sistema de captación de nuevas trabajadoras mediante incentivos económicos y que los acusados conformaban la estructura principal de una organización que operó de manera sostenida durante más de dos años.

Por su parte, la defensa reiteró que no existió privación de la libertad ni coerción sobre las mujeres, argumentando que todas conocían la naturaleza de la actividad desarrollada y que podían abandonar el lugar cuando lo desearan. En ese sentido, insistieron en que se trató de una relación laboral y no de un caso de trata de personas.

Con los alegatos de la Fiscalía ya concluidos, el proceso judicial se encamina hacia su tramo final. Ahora será el turno de las defensas, antes de que el Tribunal Oral Federal dicte sentencia en una de las causas más resonantes de los últimos años en la provincia.