Diario Móvil
La causa penal por una presunta estafa con la venta de paquetes turísticos al Caribe sumó un capítulo resolutivo este lunes en los tribunales locales. Javier Osvaldo Leiva Núñez, propietario de la organización informal que operaba bajo el nombre de "Destinos", selló un acuerdo de reparación integral por el cual se comprometió a devolver un monto superior a los 7.000 dólares repartidos entre las dos víctimas afectadas. El convenio fue homologado por el juez de Garantías, Pablo Leonardo León, tras la conformidad alcanzada entre la defensa del imputado y el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia. De esta manera, si el acusado cumple rigurosamente con el plan de pagos, la acción penal quedará extinguida y podrá ser sobreseído.
De acuerdo con el esquema de reembolsos pactado para subsanar el daño económico, Leiva Núñez deberá reintegrar a uno de los damnificados la suma de 3.850 dólares, la cual se abonará en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas. En tanto, con la segunda víctima se obligó a cancelar una deuda compuesta por 1.200 dólares en efectivo más un monto complementario de 3.819.363,90 pesos, financiado bajo la misma modalidad de tres cuotas mensuales. El magistrado dejó expresamente asentado que cualquier incumplimiento en los plazos dejará sin efecto el beneficio y reactivará de forma inmediata el proceso penal en su contra.
El escándalo delictivo se remonta a noviembre de 2025, fecha en la que dos clientes sanjuaninos contrataron un viaje combinado con destino a Panamá y Curazao, programado originalmente para despegar el 12 de marzo de 2026. Tras abonar una seña inicial de 1.200 dólares y cancelar luego el costo total de 3.850 dólares por persona, comenzaron las dilaciones. El organizador alegó supuestos inconvenientes logísticos con la aerolínea Copa Airlines para reprogramar el vuelo, lo que despertó las sospechas de los compradores. Al realizar averiguaciones particulares con las firmas prestatarias, los clientes descubrieron con sorpresa que las reservas de hotel no existían y que los vouchers físicos que les habían entregado eran completamente apócrifos.
La polémica en torno al caso se incrementó exponencialmente en marzo cuando trascendió públicamente que el local comercial que el denunciado utilizaba en las instalaciones del Patio Alvear había sido desalojado de forma repentina. Desde la administración del centro comercial confirmaron en aquella oportunidad que procedieron a rescindir de inmediato el contrato de alquiler al tomar conocimiento de las denuncias, revelando además que en dicho stand se comercializaban servicios turísticos y se recaudaban divisas sin contar con ningún tipo de habilitación ni registros formales para operar como agencia de viajes.
