Juicio por trata en San Juan: Quevedo declaró y negó haber explotado a mujeres

El juicio oral por una presunta red de trata de personas que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal sumó esta semana una nueva audiencia clave. Uno de los acusados, el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, decidió declarar ante los magistrados y defendió la actividad que realizaba a través de una agencia de modelaje investigada por la Justicia, asegurando que siempre trabajó dentro de los límites de la ley.

Durante su exposición, Quevedo leyó un documento de varias páginas en el que reconstruyó su llegada a la Argentina, su vida en San Juan y los emprendimientos comerciales que desarrolló en los últimos años. En ese contexto, insistió en que la firma conocida como "Belle Argentina" funcionaba de manera regular y presentó distintos documentos incorporados al expediente, entre ellos contratos, registros tributarios y habilitaciones.

El imputado sostuvo que lleva más de una década radicado en el país, donde formó una familia y mantuvo actividades comerciales formalmente registradas. Además, explicó que el trabajo vinculado a la agencia se realizaba de forma virtual y que las modelos no mantenían contacto físico con los usuarios de las plataformas.

Según manifestó ante el tribunal, todas las personas interesadas en incorporarse recibían previamente información detallada sobre las tareas a desempeñar, la modalidad de trabajo y el esquema de ingresos. En ese sentido, negó que existieran engaños o maniobras ocultas para captar personal.

Quevedo también rechazó las acusaciones que indican que se habría aprovechado de situaciones de necesidad económica. Afirmó que las mujeres que trabajaban en el estudio tenían autonomía para decidir cómo desarrollar la actividad y sostuvo que su intención siempre fue ofrecer una fuente laboral legítima.

Otro de los aspectos abordados durante su declaración estuvo relacionado con términos utilizados en la investigación como "reclutamiento", "fidelización" y "retención". El acusado aseguró que esas expresiones pertenecen al ámbito empresarial y que fueron empleadas para describir mecanismos habituales de contratación y permanencia del personal, descartando cualquier vínculo con situaciones de explotación.

Asimismo, recordó que una investigación previa sobre la misma actividad había sido cerrada años atrás sin avances judiciales, situación que, según dijo, le hizo interpretar que el emprendimiento operaba dentro del marco permitido por la legislación vigente.

Mientras tanto, el abogado penalista Gustavo De la Fuente, señalado junto a Quevedo como uno de los principales acusados, optó por no declarar en esta etapa del debate. No obstante, durante las audiencias se reprodujeron grabaciones incorporadas como evidencia, en las que mantiene conversaciones con personas relacionadas con la causa.

El proceso judicial comenzó el 21 de mayo y es impulsado por el fiscal federal Fernando Alcaraz junto a la titular de PROTEX, María Alejandra Mángano. La acusación sostiene que la organización habría captado y explotado a un grupo de mujeres mediante transmisiones realizadas en plataformas internacionales para adultos, quedándose con parte de las ganancias obtenidas.

De acuerdo con la investigación, al menos 37 mujeres fueron identificadas durante la instrucción. Los fiscales sostienen que los imputados habrían obtenido beneficios económicos aprovechándose de condiciones de vulnerabilidad social y económica de las trabajadoras. Incluso, se investiga el traslado de una mujer desde La Rioja hacia San Juan con presuntos fines de explotación.

Actualmente, De la Fuente permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial con prisión preventiva, mientras que Quevedo cumple arresto domiciliario. Ambos enfrentan cargos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, delitos contemplados por la legislación nacional que prevé severas penas de prisión, especialmente cuando existen agravantes relacionados con engaños, abusos o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.

El debate continuará con la producción de nuevas pruebas y testimonios que serán analizados por el tribunal antes de emitir un veredicto sobre las responsabilidades de los acusados.