La cúpula del Colegio de Psicólogos renunció en masa tras prescindir del control de Personería Jurídica

El Colegio de Psicólogos de San Juan atraviesa una crisis institucional sin precedentes que derivó en la renuncia masiva de toda su cúpula directiva, encabezada por la presidenta Melisa Rodríguez. Las autoridades formalizaron su salida a partir del próximo 30 de junio, argumentando dificultades para el normal ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el trasfondo de la dimisión en bloque está directamente vinculado a una serie de denuncias por presunta mala administración y a una polémica decisión tomada durante 2025: la institución resolvió prescindir voluntariamente de la supervisión de la Dirección de Personería Jurídica, un mecanismo de control que, según diversas fuentes, su ausencia habría contribuido a profundizar el desorden interno.

Desde el punto de vista legal, el Colegio fue creado por la Ley 303-A de 1985, la cual lo define como una “persona de derecho público” con autonomía y capacidad de autorregulación, lo que significa que no está obligado por ley a someterse al control del organismo dependiente del Ministerio de Gobierno. A pesar de esto, la entidad había solicitado históricamente dicha fiscalización para facilitar su ordenamiento administrativo. Al romper lazos con Personería Jurídica el año pasado, los mecanismos de control interno quedaron severamente debilitados, lo que coincidió con el inicio de una investigación impulsada por los propios matriculados.

Las alarmas se encendieron de manera definitiva cuando la Comisión Revisora de Cuentas detectó graves inconsistencias contables. Entre los puntos más críticos señalados por los fiscales internos se encuentran la falta de balances de determinados períodos, pagos a proveedores sin facturación, presuntos conflictos de interés y un supuesto faltante de 1,6 millones de pesos. Asimismo, se cuestionaron inversiones financieras dudosas, gastos de combustible irregulares y la falta de pago de las cuotas a la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), entidad de la que negaron haber sido desafectados, aduciendo que priorizaron los gastos locales.

A través de un extenso descargo por escrito, la Junta Directiva saliente rechazó tajantemente las acusaciones, catalogando el informe de la Revisora de Cuentas como "subjetivo, sesgado y tendencioso". Ante este escenario de parálisis y acusaciones cruzadas, el próximo 22 de junio se llevará a cabo una Asamblea extraordinaria clave, donde los matriculados deberán definir el futuro político del Colegio para evitar una inminente intervención judicial en caso de que no se logre encauzar la transición de autoridades de manera oportuna.