Letrados sanjuaninos rechazan la postura fiscal y exigen blindar el rol de la víctima

La intensa discusión institucional que mantiene enfrentados a los jueces de Garantías y al Consejo de Fiscales y Asesores Oficiales (CONFIAS) en torno al protagonismo de las víctimas en los acuerdos penales sumó un capítulo de alto voltaje técnico. Los reconocidos abogados locales Néstor Olivera y Marcelo Sandez Luján hicieron pública su postura a través de un duro escrito en el que defienden a rajatabla la intervención activa de los damnificados en las audiencias y cuestionan con dureza los intentos del Ministerio Público por restringir dicha participación bajo argumentos puramente formales.

El eje del planteo de los letrados se fundamenta en el espíritu transformador de la Ley 1851-O, la cual sepultó al antiguo Código Procesal Penal de corte mixto-inquisitivo que relegaba a la víctima a ser un mero testigo de piedra tras denunciar el hecho. Olivera y Sandez Luján recordaron que el artículo 12 de la normativa vigente establece de forma taxativa que toda disposición judicial debe interpretarse del modo que mejor favorezca los intereses de la víctima. Por ende, argumentaron que ante cualquier duda o vacío legal sobre la conveniencia de que un afectado presencie una audiencia decisiva, la interpretación obligatoria debe inclinarse por permitir su palabra y nunca por silenciarla.

En uno de los tramos más enérgicos del documento, los profesionales salieron en defensa del papel de los jueces como máximos garantes de los derechos constitucionales, rechazando la teoría fiscal de que los magistrados deban limitarse a homologar a ciegas los pactos de juicio abreviado promovidos por las partes. "Los jueces no son máquinas que aplican textos ni buzones de los fiscales", sentenciaron de forma categórica, al tiempo que lanzaron un duro interrogante institucional hacia las Asesorías Oficiales por respaldar una postura restrictiva siendo organismos creados específicamente para la tutela de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Finalmente, los abogados desmitificaron el argumento de la "revictimización" utilizado en el debate para justificar la exclusión de las personas afectadas. A su criterio, escuchar la opinión de una víctima antes de que un juez defina el destino de su causa es un acto de estricta justicia y reconocimiento, no de violencia institucional. En lugar de recortar derechos bajo la "salida fácil" de que basta con un informe escrito, propusieron aplicar herramientas modernas como videoconferencias, salas de espera separadas y acompañamiento psicológico permanente para asegurar una participación real sin someter a nadie a una nueva situación de vulnerabilidad.