Revés para los damnificados por Global Market: rechazaron el planteo de las querellas y la causa pasó a la Justicia Federal
El juez de Impugnación, Daniel Guillén, desestimó el reclamo de los abogados al determinar que no tienen facultades recursivas en la etapa preliminar. El millonario expediente por estafas ya se encuentra en el fuero federal.
Diario Móvil
Un giro decisivo se produjo en el marco de la investigación penal que se sigue contra la financiera Global Market en San Juan. El juez del Tribunal de Impugnación, Daniel Guillén, rechazó de manera categórica el planteo presentado por los abogados de los denunciantes, quienes intentaban frenar el traspaso del expediente hacia el fuero federal tras dictarse la incompetencia provincial. Con esta resolución, el magistrado dispuso el inmediato envío de las actuaciones para que continúen su curso bajo la órbita de las autoridades judiciales de la Nación.
La clave del dictamen del juez Guillén radicó en una estricta interpretación técnica del Código Procesal local. El magistrado ratificó que, al encontrarse la causa en una etapa de investigación puramente preliminar, los abogados querellantes carecen de legitimación y facultades recursivas, ya que formalmente recién pueden intervenir una vez que se concreta la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Bajo este mismo argumento, se determinó que el recurso había sido mal concedido en primera instancia por el juez de Garantías, Javier Figuerola.
La mudanza del expediente hacia los tribunales nacionales había sido promovida inicialmente por el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. El representante del Ministerio Público sustentó el cambio de fuero al advertir que las maniobras financieras bajo la lupa exceden los delitos ordinarios de defraudación, pudiendo configurar ilícitos complejos de carácter federal como el presunto lavado de activos y severas irregularidades en el sistema financiero nacional, sospecha que fue convalidada por la Justicia de Garantías.
Hasta el momento, la mega causa acumula al menos 23 denuncias formales de damnificados sanjuaninos y el perjuicio económico comprobado supera holgadamente los 3.000 millones de pesos, aunque proyecciones del ámbito privado estiman que el desfalco real escala a varios millones de dólares. La investigación mantiene bajo la lupa a Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada, responsables de Global Market Valores y GMI Inversiones, quienes según la hipótesis fiscal captaban inversores mediante engaños para desviar millonarios fondos hacia empresas vinculadas a ellos mismos.
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