Fuerte respaldo del sector económico de San Juan al proyecto de ley minera de Orrego

Referentes de CASEMICA y de la Unión Industrial de San Juan coincidieron en la necesidad de contar con una herramienta que fortalezca a los proveedores sanjuaninos ante la llegada de los grandes proyectos.
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El proyecto de ley de desarrollo local minero sumó este miércoles el respaldo de dos de los principales sectores vinculados a la actividad. Desde CASEMICA y la Unión Industrial de San Juan consideraron que la iniciativa puede convertirse en una herramienta clave para que las empresas locales participen del crecimiento que promete la minería del cobre y reclamaron que el debate legislativo avance cuanto antes.
Alfredo Amín, integrante de CASEMICA, aseguró que se trata de una norma que el sector viene reclamando desde hace tiempo y pidió que su tratamiento no se demore. "Es fundamental dejarle claro al Poder Legislativo la urgencia y la premura de su tratamiento", sostuvo durante una entrevista radial.

Para el empresario, la principal función de la ley es brindar herramientas que permitan competir a las firmas sanjuaninas frente a compañías extranjeras que llegan con ventajas económicas difíciles de igualar. En ese sentido, advirtió que algunas empresas cuentan con respaldo directo de sus estados nacionales y señaló que, de mantenerse ese escenario, "no vamos a poder competir jamás con empresas de afuera, subsidiadas por Estado".

Amín también planteó la necesidad de revisar algunos aspectos del proyecto para evitar futuras controversias con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según indicó, existen dudas respecto de los porcentajes de participación local previstos en determinados contratos. "Creo que hay varios grises y yo evitaría esos grises modificando esos porcentajes", afirmó.

Desde la Unión Industrial, su presidente Leonardo de la Vega expresó una postura favorable hacia la iniciativa y destacó el trabajo realizado entre cámaras empresarias y el Gobierno provincial para consensuar el texto. "El espíritu de la ley tiene que ver con el desarrollo de las actividades productivas de la provincia", señaló.

Uno de los principales planteos del sector industrial está vinculado a la necesidad de contar con información precisa sobre las futuras demandas de los proyectos mineros. De la Vega explicó que las empresas locales necesitan conocer qué bienes y servicios requerirán las operadoras para desarrollar capacidades y planificar inversiones. "Estamos hablando de un sector productivo que no existe en la Argentina, que es la industria del cobre", remarcó.

El dirigente también consideró que la provincia deberá apoyarse en alianzas estratégicas para incorporar conocimientos y tecnología. "Estamos súper abiertos y con entendimiento de que esa va a ser una de las formas de poder llegar", afirmó al referirse a posibles acuerdos con firmas extranjeras que ya cuentan con experiencia en minería de cobre.

Otro de los debates abiertos gira en torno al concepto de "local" dentro de la futura legislación. Mientras algunos sectores plantean que debe priorizarse a los departamentos donde se desarrollan los proyectos, otros entienden que el beneficio debe extenderse a toda la provincia.

De la Vega sostuvo que el desarrollo debe alcanzar a todos los sanjuaninos, aunque reconoció que las comunidades cercanas a los yacimientos tienen que percibir un impacto positivo. "Cuando hablamos de local tenemos que ser todos", expresó.

Amín, en cambio, defendió la necesidad de otorgar un lugar relevante a departamentos como Calingasta, Iglesia o Jáchal. El dirigente recordó el impacto económico que tuvo la actividad minera en esas comunidades y afirmó que es necesario fortalecerlas para cuando los proyectos concluyan. "Creo que alentar el crecimiento de Calingasta, de Iglesia y de Jáchal está muy bien", sostuvo.

Además, consideró que los proveedores deben asumir un compromiso con los territorios donde desarrollan sus actividades y cuestionó a quienes obtienen ganancias en los departamentos mineros pero luego realizan sus inversiones en otros lugares.

La capacitación apareció como otro de los puntos centrales. Para De la Vega, el desafío requerirá el trabajo conjunto del Estado, las empresas y las instituciones educativas. "Todos requieren una mejora en lo que es formación y educación", indicó al referirse a la preparación de mano de obra y proveedores para la nueva etapa minera.

"La ley es orientar sobre qué resultados se esperan lograr del desarrollo de la actividad", afirmó el presidente de la Unión Industrial al defender la necesidad de contar con un marco normativo que defina cómo aprovechar los beneficios de un recurso finito.

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