La Justicia resolvió investigar a la directora del Hospital de Caucete por falso testimonio tras la condena a un cirujano

El debate oral y público contra el cirujano Leonardo Santiago Furlotti Barassi finalizó en los Tribunales provinciales con un veredicto que generó disconformidad en la fiscalía y la querella, pero que abrió una derivación institucional de fuerte impacto. El juez Alberto Caballero resolvió condenar al profesional a un mes de prisión de ejecución condicional y a dos meses de inhabilitación médica tras hallarlo culpable únicamente del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, la resolución judicial más trascendente recayó sobre la máxima autoridad del Hospital César Aguilar de Caucete, la doctora Diana Milagros Martínez. Sobre la funcionaria se ordenó iniciar una investigación penal formal para determinar si incurrió en falso testimonio, encubrimiento y omisión de los deberes de su cargo debido a sus polémicas declaraciones durante el proceso.

Durante las audiencias, la exposición de la directora despertó el rechazo del tribunal al intentar justificar la inacción administrativa de la institución frente al accionar del cirujano, llegando a afirmar que exigirle dinero a un paciente dentro de la salud estatal constituía un error y no un delito penal. El asombro en la sala se profundizó cuando manifestó desconocer qué era un hilo de sutura, insumo clave en la estrategia de la defensa.

La defensa del médico alegaba que los doscientos cincuenta mil pesos transferidos por la familia de la víctima a una cuenta de Mercado Pago correspondían a la compra de un material de alta resistencia ausente en el stock público. A partir de la lectura de los fundamentos de la sentencia, las actas y registros fílmicos serán remitidos a la UFI Delitos Especiales, donde un nuevo fiscal determinará si formaliza la acusación penal contra Martínez.

Por otra parte, el tribunal resolvió absolver a Furlotti Barassi por el delito de estafa al aplicar el beneficio de la duda. El magistrado argumentó que la fiscalía no logró probar un ardid idóneo, debido a que la intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles del paciente Axel Fabián Marinero se realizó con éxito y este prestó su conformidad para el desembolso del dinero.

La causa penal se había originado a fines de 2024 tras la denuncia de los familiares por el cobro indebido en el centro asistencial público, pocos días antes de que el joven damnificado falleciera a raíz de una descompensación cardíaca. La Justicia determinó rápidamente que el deceso respondió a una muerte natural, desvinculando por completo al cirujano de cualquier figura de mala praxis médica.

Tras conocerse los fundamentos del fallo este lunes, todas las partes intervinientes dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar los recursos de impugnación correspondientes si lo consideran necesario.