Orrego envió a Diputados la ley que busca que la minería contrate más sanjuaninos

El gobernador Marcelo Orrego envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca aumentar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en los proyectos mineros que avanzan en la provincia.

La propuesta establece que las compañías mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores, con objetivos progresivos y reportes periódicos sobre su cumplimiento.

Entre los principales puntos del proyecto figura la meta de alcanzar un 80% de trabajadores residentes en San Juandentro de cada operación minera, priorizando a quienes vivan en los departamentos de influencia directa de los proyectos.

La iniciativa también fija como objetivo que el 60% de las compras de bienes, obras y servicios se realicen a empresas sanjuaninas, siempre que existan condiciones competitivas de mercado. En los casos en que no haya oferta local disponible, las compañías deberán justificar técnicamente esa situación.

Otro de los ejes centrales es la creación del RE.PRO.MIN, un Registro de Proveedores Mineros de San Juan que será público y digital. Para ser considerados dentro de las metas de contratación local, los proveedores deberán acreditar arraigo real en la provincia mediante domicilio operativo, tributación local y una composición mínima de personal sanjuanino.

El proyecto también incorpora un sistema de incentivos para las empresas que cumplan simultáneamente los objetivos de empleo y compras locales. En esos casos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para cancelar impuestos provinciales.

Además, las operadoras deberán publicar información sobre sus necesidades futuras de bienes y servicios, con el objetivo de que las firmas locales puedan prepararse con anticipación para competir por contratos vinculados a la actividad minera.

La norma prevé mecanismos de transparencia para los procesos de contratación y establece que las convocatorias y adjudicaciones puedan ser consultadas públicamente. También contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas, aunque excluye los casos en que se demuestre la inexistencia de oferta local competitiva o la realización de programas de capacitación y formación.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, que trabajará junto a una Unidad Técnica Interministerial y un Consejo Consultivo integrado por representantes del sector público y privado.

De ser aprobada por la Legislatura, la ley reemplazará a la Ley 1208-M, una normativa anterior que nunca llegó a implementarse. El proyecto establece plazos de entre 60 y 90 días desde su entrada en vigencia para que las empresas presenten sus primeros planes de desarrollo local.