La ley que busca garantizar el trabajo sanjuanino en las mineras, cerca de Diputados

La discusión sobre cómo lograr que la actividad minera genere un mayor impacto en la economía sanjuanina podría trasladarse en los próximos días al ámbito legislativo. Fuentes vinculadas al Gobierno provincial confirmaron que el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero ya superó las últimas instancias de análisis dentro del Ejecutivo y quedó a la espera de la firma del gobernador Marcelo Orrego para su envío a la Cámara de Diputados.

Se trata de una iniciativa que comenzó a elaborarse en paralelo al crecimiento de los grandes proyectos de cobre y que apunta a fortalecer la participación de empresas, prestadores de servicios y trabajadores sanjuaninos en las inversiones que se preparan para desembarcar en la provincia durante los próximos años.

La propuesta no establece obligaciones directas para las compañías mineras ni fija porcentajes mínimos de contratación local. Por el contrario, el esquema fue diseñado bajo un sistema de incentivos que busca premiar a quienes incorporen una mayor cantidad de proveedores provinciales dentro de sus operaciones.

Desde el Ejecutivo entienden que la Provincia no tiene herramientas legales para imponer a una empresa privada la contratación de determinado número de trabajadores o firmas sanjuaninas. Por ese motivo, el proyecto fue orientado hacia un modelo de beneficios económicos que favorezca a quienes apuesten por el desarrollo de proveedores locales.

Entre los mecanismos contemplados aparecen ventajas vinculadas a la carga tributaria provincial, particularmente en materia de Ingresos Brutos, tanto para compañías mineras como para empresas sanjuaninas que logren integrarse a la cadena de valor de la actividad.

La iniciativa llega en un contexto en el que distintos sectores empresariales vienen reclamando una mayor participación en los contratos, obras y servicios asociados a los proyectos mineros. El crecimiento esperado de la industria del cobre abrió una nueva discusión sobre la capacidad de la economía provincial para aprovechar las oportunidades de negocios que generarán inversiones de miles de millones de dólares.

El debate tomó aún más fuerza durante las últimas semanas luego de que el proyecto Vicuña adjudicara una importante etapa de ampliación de su campamento Batidero a un consorcio conformado por empresas de origen chino junto a una firma santafesina. La obra, valuada en más de 50 millones de dólares, contempla la incorporación de unas 2.500 plazasdestinadas a alojar trabajadores que participarán en el desarrollo de los proyectos mineros de la cordillera.

La decisión generó cuestionamientos entre empresarios y proveedores locales, que consideran que parte de ese volumen de inversión podría haberse canalizado a través de compañías radicadas en San Juan. Aunque la contratación se realizó dentro de las facultades propias de la empresa y sin incumplir ninguna normativa, el episodio volvió a poner sobre la mesa una discusión que viene creciendo desde hace años: cómo lograr que una mayor porción del movimiento económico generado por la minería permanezca dentro de la provincia.

En ese escenario, la Ley de Desarrollo Local Minero aparece como una de las herramientas que el Gobierno pretende utilizar para mejorar la competitividad de las firmas sanjuaninas y favorecer su incorporación a los grandes proyectos que avanzan en la cordillera.

Con el texto prácticamente finalizado y el aval de las distintas áreas que participaron de su elaboración, la iniciativa se encuentra en condiciones de iniciar su recorrido legislativo. Una vez ingresada a Diputados, comenzará una etapa de debate que promete involucrar a cámaras empresarias, proveedores, sindicatos, compañías mineras y distintos actores de la economía provincial.