La fuerte advertencia de un experto en glaciares sobre la minería y las reservas de agua de San Juan

El doctor en Ciencias Geológicas y especialista en glaciares Juan Pablo Milana sostuvo que el principal problema no está únicamente en los cambios que puedan discutirse a futuro, sino en la forma en que se aplicó la normativa vigente desde su sanción en 2010.

Durante una entrevista concedida al programa El Número del Día por el canal de +Medios, Milana apuntó directamente contra el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que tuvo a su cargo la confección del Inventario Nacional de Glaciares. Según explicó, la ley aprobada por el Congreso establecía la protección no sólo de los glaciares sino también del ambiente periglacial, considerado una reserva estratégica de agua para las regiones cordilleranas. Sin embargo, aseguró que el trabajo realizado terminó concentrándose únicamente en determinados cuerpos de hielo.

A criterio del investigador, allí se encuentra el núcleo de la controversia. Según sostuvo, "la gran estafa de IANIGLA es que en la práctica aplicaron la ley de Filmus y no la ley de Bonasso", ya que se relevaron glaciares descubiertos, cubiertos y de roca, pero no se avanzó sobre la identificación integral del ambiente periglacial que la ley finalmente sancionada contemplaba proteger.

Milana afirmó que esa situación provocó que una parte importante de las reservas hídricas de alta montaña continúe sin ser reconocida oficialmente. En ese sentido, remarcó que "hoy por hoy no tenemos inventario del ambiente periglacial", una circunstancia que, según su visión, deja sin protección sectores que cumplen un papel fundamental en la regulación del recurso hídrico.

El especialista también cuestionó el proceso técnico mediante el cual se elaboró el inventario. Señaló que la propia planificación de la ley contemplaba instancias de revisión que nunca llegaron a concretarse y sostuvo que eso afectó la calidad del trabajo final. Según expresó, "el revisor del inventario nunca se llevó a la práctica", por lo que los relevamientos terminaron validándose sin una evaluación independiente posterior.

A lo largo de la entrevista, Milana vinculó la discusión con la actividad minera y con los controles ambientales existentes en zonas cordilleranas. Aunque aclaró que no se opone a la minería, consideró que el país debería exigir mayores compensaciones y controles sobre el uso de recursos estratégicos. En ese marco, afirmó que "los depósitos de hielo son un bien público y estamos entregándolos a las mineras a cambio de un 3% de impuestos", al tiempo que planteó que la explotación de esos recursos debería traducirse en beneficios más concretos para las comunidades y para la protección ambiental.

En relación con los sistemas de monitoreo, sostuvo que existen falencias que deberían corregirse. Como ejemplo, mencionó la situación de cuencas vinculadas a grandes emprendimientos mineros y cuestionó que, pese al volumen económico que generan esas operaciones, no existan controles permanentes sobre parámetros básicos de calidad del agua. Según manifestó, "hablan de miles de millones de dólares de ganancia y no invierten en una estación para medir pH y conductividad del agua".

El geólogo también comparó la situación argentina con la de Chile. Aseguró que en el país vecino las empresas deben asumir mayores responsabilidades vinculadas a la gestión del agua y a los planes de cierre de mina. En ese sentido, sostuvo que "en Chile existe lo que es la compensación", mientras que en Argentina, según su interpretación, no se exige un nivel equivalente de resguardo sobre los recursos hídricos.

Durante la conversación, Milana insistió en que la discusión no debería reducirse a una disputa entre minería y ambientalismo, sino centrarse en la administración de recursos considerados estratégicos para el desarrollo futuro de las provincias cordilleranas. Bajo esa mirada, sostuvo que "estamos siendo muy poco inteligentes en la administración de nuestros recursos", porque a su entender el país no está obteniendo beneficios proporcionales al valor de los bienes que pone en juego.

El investigador también se refirió al papel de los organismos públicos y de la Justicia. Consideró que, pese a las controversias judiciales que existieron alrededor del inventario nacional, los problemas de fondo continúan sin resolverse y cuestionó que, según su visión, todavía no se haya corregido aquello que considera una omisión central en la aplicación de la ley.

Las declaraciones se producen en momentos en que vuelve a discutirse el alcance de la protección ambiental en zonas de alta montaña y mientras distintos sectores siguen debatiendo cómo compatibilizar el desarrollo minero con la preservación de los recursos hídricos en provincias como San Juan. Para Milana, la cuestión sigue abierta y requiere una revisión profunda de los mecanismos de control, de los inventarios existentes y de las políticas públicas vinculadas al agua.

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