Orrego llegó al recinto para respaldar el proyecto de financiamiento de obra pública

La Cámara de Diputados de San Juan comenzó este jueves el tratamiento del proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial que busca habilitar mecanismos de financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras de infraestructura y programas habitacionales. La sesión adquirió un fuerte peso político con la presencia en el recinto del gobernador Marcelo Orrego, quien llegó a la Legislatura para respaldar la iniciativa y seguir de cerca el debate.

La llegada del mandatario se produjo en una jornada marcada por la expectativa y la tensión entre oficialismo y oposición. El proyecto es considerado una de las apuestas legislativas más importantes del Ejecutivo durante este año y apunta a obtener herramientas financieras para sostener inversiones en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la provincia.

La iniciativa autoriza al Gobierno a emitir y colocar bonos o títulos en mercados nacionales e internacionales, así como a gestionar créditos con organismos financieros y entidades bancarias, por una suma que podrá alcanzar los USD 600 millones, equivalentes actualmente a unos $867.000 millones.

Desde el Ejecutivo sostienen que los recursos estarán destinados exclusivamente a obras de infraestructura y gasto de capital. Entre los principales objetivos aparecen la construcción de 30 nuevos barrios, la reactivación de la Operatoria Individual del IPV mediante una línea de alrededor de 1.000 créditos para familias con terreno propio, además de inversiones en infraestructura hídrica, saneamiento, energía y conectividad vial.

También se contempla avanzar sobre rutas provinciales y nacionales cuya administración fue transferida a la provincia, incluyendo sectores de la Ruta Nacional 150, la Avenida de Circunvalación y sus accesos, entre otras intervenciones consideradas prioritarias por la gestión provincial.

Durante los últimos días, el oficialismo defendió la propuesta mediante una serie de reuniones técnicas realizadas en la Legislatura. El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, junto a funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación y de Asesoría Letrada, expusieron ante los distintos bloques legislativos para explicar los alcances del proyecto y responder consultas.

El funcionario remarcó que San Juan mantiene una situación financiera que le permitiría acceder a financiamiento en condiciones favorables y vinculó esa posibilidad a las perspectivas de crecimiento económico asociadas al desarrollo minero que atraviesa la provincia.

Mientras tanto, la oposición peronista ratificó su rechazo a la iniciativa. El Partido Justicialista difundió un comunicado en el que cuestionó el tratamiento sobre tablas y advirtió que una operación de endeudamiento de esta magnitud requiere un análisis más profundo.

Los dirigentes peronistas señalaron que aún existen dudas sobre el destino preciso de los fondos, las condiciones financieras que tendrá la operación, los plazos de amortización y el impacto que podría generar sobre las finanzas provinciales en los próximos años.

La discusión es seguida desde las gradas por varios intendentes justicialistas, entre ellos Sebastián Carbajal, Daniela Rodríguez, Romina Rosas, Fabián Aballay, Analía Becerra y José Castro, quienes asistieron al recinto para observar una sesión que podría definir buena parte de la agenda de infraestructura de San Juan para los próximos años.

Durante las exposiciones técnicas previas al debate, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, defendió la propuesta al asegurar que San Juan mantiene una situación fiscal sólida y que las perspectivas de crecimiento asociadas a la minería permiten acceder a mejores condiciones de financiamiento.

El funcionario sostuvo que el acceso al crédito dependerá también de la evolución del riesgo país y remarcó que obtener tasas más bajas permitirá destinar una mayor proporción de recursos directamente a la ejecución de obras.

La iniciativa también cosechó apoyos fuera del ámbito legislativo. Desde la UOCRA, el secretario adjunto Alberto Tovares consideró que el programa podría traducirse en nuevas fuentes de trabajo para cientos de obreros de la construcción, mientras que sectores políticos aliados al oficialismo destacaron el impacto positivo que tendría en vivienda, caminos y sistemas de riego.

En contrapartida, el PJ insistió en que comparte la necesidad de impulsar infraestructura y desarrollo, pero sostuvo que un endeudamiento de esta magnitud requiere un análisis más profundo y mayor información pública antes de ser aprobado.