Las exigencias de San Juan para otorgar energía al proyecto minero de Vicuña

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad planteó una postura firme respecto al suministro energético para el sector minero al detallar las exigencias técnicas y económicas indispensables para que la megaobra de alta tensión en 500 kV obtenga el visto bueno definitivo de la provincia. Durante la audiencia pública nacional coordinada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el vicepresidente del organismo local, Roberto Ferrero, expuso los fundamentos para evaluar el acceso y la ampliación de la capacidad de transporte solicitada por la firma Vicuña Argentina S.A. para el proyecto Josemaría. Si bien San Juan ratificó su apoyo a la actividad como motor de crecimiento, dejó en claro que la llegada de estos grandes consumidores debe darse bajo un esquema de beneficio mutuo que no ponga en riesgo la estabilidad del servicio ni afecte el bolsillo de los usuarios locales.

El argumento central del organismo regulador apunta al principio de equidad y al financiamiento histórico de la infraestructura sanjuanina. La red actual es robusta y se consolidó gracias al aporte sostenido de los hogares, comercios e industrias de la provincia, garantizando el suministro troncal de manera segura para las próximas décadas. Sin embargo, el arribo de nuevos emprendimientos mineros obliga a adelantar de forma drástica los plazos de inversiones que originalmente estaban previstas para más adelante. Un ejemplo claro de este impacto es la duplicación de la capacidad de la Estación Transformadora Nueva San Juan, una obra clave actualmente en construcción que se financia con recursos provinciales para preservar la seguridad del sistema público frente al nuevo escenario de consumo masivo, por lo que se exige que la minera asuma los costos estructurales que genera.

Por este motivo, la conformidad final de la provincia quedó sujeta al cumplimiento estricto de dos condiciones regulatorias. En primer lugar, la empresa deberá refrendar los acuerdos previstos en la Ley Provincial Número 1181-A, mediante los cuales internaliza los costos de mitigación de la demanda que incorpora y realiza aportes específicos para el desarrollo de nuevas obras eléctricas en la región. En segundo lugar, se estableció que toda la capacidad de transporte que exceda las necesidades operativas de la firma debe quedar disponible para el resto de la actividad minera bajo un principio de acceso abierto, evitando así el bloqueo o la asignación exclusiva de un corredor energético considerado estratégico para el desarrollo sanjuanino. Mientras estas exigencias no se verifiquen formalmente, el ente mantendrá su oposición fundada, advirtiendo además que estas mismas reglas de juego se aplicarán de forma idéntica y previsible a todos los proyectos futuros.