Condenaron por injurias al policía influencer en la causa penal impulsada por el exjefe de la fuerza

El debate oral y público en los Tribunales provinciales concluyó con un veredicto condenatorio que generó fuertes cruces verbales y acusaciones directas por parte del imputado. El juez Matías Parrón halló culpable de los delitos de injurias al exefectivo policial y creador de contenido digital Gabriel Riveros, imponiéndole una sanción pecuniaria única de veinte mil pesos. El proceso judicial, tramitado bajo la figura técnica de acción privada sin la intervención del Ministerio Público Fiscal, fue motorizado de manera directa por el exjefe de la Policía de San Juan, Walter Martínez, a raíz de una serie de acusaciones públicas difundidas en plataformas virtuales.

Antes de escuchar la lectura formal del veredicto, el acusado utilizó su derecho a pronunciar las últimas palabras ante el estrado manifestando que cuando una fruta está podrida termina por pudrir a todas las demás. El clima de tensión se incrementó notablemente una vez notificada la resolución judicial, instante en el que Riveros se retiró de la sala de audiencias visiblemente disconforme con la decisión del magistrado y lanzó duros cuestionamientos hacia el funcionamiento institucional y los cronistas de prensa apostados en el edificio de Tribunales, afirmando textualmente que en ese momento se le había caído la última careta a la Justicia.

Durante el transcurso de las audiencias, los abogados querellantes Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz aportaron material audiovisual extraído de las redes sociales del imputado para demostrar que se vinculó falsamente al exjefe policial con maniobras de corrupción y desvío de fondos pertenecientes a la fuerza de seguridad, maniobras delictivas por las que fue condenado en su momento el extesorero Oscar Vanetti pero en las que Martínez nunca estuvo imputado ni formalmente investigado. Pese a la condena, el magistrado rechazó el pedido de la querella que exigía elevar la multa global a ochenta mil pesos, desestimando también la obligatoriedad de una retractación pública y la eliminación de los contenidos publicados por el influencer.