San Juan respaldó el fin de los aportes obligatorios a COVIAR y cuestionó el “cobro compulsivo”

La disputa por el futuro de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) sumó este jueves un nuevo capítulo político e institucional. El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, ratificó públicamente su respaldo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar los aportes obligatorios que sostenían financieramente al organismo vitivinícola.

La postura oficial surgió luego de que COVIAR presentara una demanda de amparo ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza para frenar la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, medida que dispuso el cierre formal del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y eliminó el sistema compulsivo de contribuciones previsto en la Ley 25.849.

Mediante un comunicado, la cartera productiva sanjuanina, con Gustavo Fernández al frente, sostuvo que acompaña “la voluntariedad de estos aportes” y remarcó que esa posición coincide con “la postura mayoritaria de los actores de la viticultura sanjuanina”.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron además que cualquier discusión judicial sobre el tema debería desarrollarse “a través de un proceso colectivo y público”, entendiendo que la promoción del sector “debe basarse en la adhesión voluntaria y nunca bajo el cobro compulsivo de aportaciones para sostener entidades privadas sin amplios consensos previos”.

En el mismo documento, el Gobierno sanjuanino aclaró que esta posición no implica desconocer “los muchos aportes y trabajos positivos” realizados por COVIAR durante años dentro de la industria vitivinícola. Sin embargo, consideraron que el sistema obligatorio de financiamiento “genera una división que no contribuye a unir criterios para un diálogo estratégico sobre el futuro de la vitivinicultura”.

Sobre la presentación judicial de COVIAR

El juez federal Pablo Quirós resolvió solicitar previamente al Estado Nacional un informe sobre el interés público comprometido antes de analizar la medida cautelar pedida por la corporación.

En su resolución, el magistrado también rechazó el pedido de inconstitucionalidad planteado por la entidad vitivinícola contra el artículo 4 de la Ley 26.854, al considerar que no existían elementos suficientes para justificar esa declaración excepcional.

Mientras tanto, la polémica sigue dividiendo al sector vitivinícola argentino. Desde Mendoza, distintas entidades empresarias como la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Asociación de Viñateros de Mendoza respaldaron a COVIAR y advirtieron que la eliminación de los aportes obligatorios pone en riesgo herramientas de planificación y articulación estratégica construidas durante más de dos décadas.

En contraposición, tanto Nación como el Gobierno sanjuanino sostienen que el esquema vigente había agotado su ciclo y que el sostenimiento de entidades privadas no debe depender de mecanismos compulsivos de financiamiento.