El Gobierno impulsa el "Súper RIGI": beneficios especiales para atraer inversiones millonarias

La iniciativa fue enviada al Congreso y apunta a captar proyectos vinculados con industrias de alta tecnología y desarrollo avanzado. 
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Luis Caputo

El Gobierno nacional presentó en el Congreso un nuevo proyecto denominado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), una propuesta diseñada para incentivar la llegada de inversiones de gran magnitud destinadas a sectores estratégicos y de tecnología avanzada.

A diferencia del régimen incluido en la Ley 27.742, esta nueva herramienta se enfocará exclusivamente en actividades consideradas de innovación y desarrollo, como inteligencia artificial, biotecnología avanzada, producción de semiconductores y otras industrias emergentes que actualmente tienen escasa presencia o todavía se encuentran en etapas iniciales dentro del país.

El proyecto establece condiciones específicas para acceder a los beneficios. Entre ellas, fija un piso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares por iniciativa, además de exigir que al menos el 20% del desembolso comprometido se concrete durante los primeros dos años.

Las empresas interesadas deberán constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una estructura creada exclusivamente para el desarrollo de la actividad promovida y cuyos activos deberán destinarse únicamente a ese fin.

Uno de los puntos centrales del esquema establece que las provincias y municipios deberán adherir de manera expresa si desean que los proyectos accedan a los beneficios nacionales, además de asumir el compromiso de no incorporar nuevas cargas tributarias locales.

Entre los incentivos previstos aparecen distintas ventajas fiscales y cambiarias:

• Impuesto a las Ganancias con una alícuota reducida del 15% y amortización acelerada.
• Dividendos gravados al 7%, porcentaje que podría reducirse al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.
• Implementación de Certificados de Crédito Fiscal transferibles para IVA.
• Exención total de aranceles para importación de bienes de capital y de derechos de exportación.
• Disponibilidad gradual de divisas provenientes de exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero.
• Eliminación de la obligación de liquidar divisas vinculadas con aportes de capital o financiamiento externo.
• Contribuciones patronales con una tasa fija del 10% para nuevos empleos.

Otro aspecto relevante es que el proyecto contempla una estabilidad normativa por 30 años, garantizando que los beneficios otorgados no puedan ser modificados por futuras normas que generen mayores cargas para los inversores.

Además, incorpora la posibilidad de acudir a tribunales de arbitraje internacional para resolver eventuales conflictos con el Estado nacional.

La propuesta tendrá un período inicial de adhesión de cinco años, con la posibilidad de extenderlo por un año adicional. Ahora, el debate continuará en el Congreso, donde el proyecto deberá atravesar su tratamiento legislativo.

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