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Este viernes comenzó el juicio contra 9 acusados señalados como parte de una organización dedicada al tráfico de drogas que, según la investigación, tenía su centro de operaciones dentro del Penal de Chimbas.
El debate se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, donde la fiscalía expuso que los principales implicados no solo coordinaban la venta de estupefacientes, sino que lo hacían mientras se encontraban detenidos. La acusación, encabezada por el fiscal Fernando Alcaraz, apunta a que tres internos lideraban la estructura con apoyo externo de familiares y allegados.
Según la reconstrucción del caso, la red no se limitaba a la distribución local. También habría organizado el traslado de un importante cargamento de marihuana desde el norte argentino hasta territorio sanjuanino. La droga, más de 100 kilos, fue ocultada en un camión que transportaba madera y tenía como destino final el departamento 25 de Mayo.
La investigación, que se extendió durante varios meses de 2024 bajo la órbita del Juzgado Federal N°2 de San Juan, permitió detectar tres líneas delictivas que, con el avance de las tareas, terminaron conectándose entre sí. Para desentrañar la maniobra, los investigadores recurrieron a escuchas telefónicas, seguimientos y la infiltración de un agente encubierto.
Uno de los episodios clave fue el operativo realizado tras la llegada del cargamento, que derivó en múltiples detenciones. Entre los implicados figura un trabajador municipal, señalado por haber trasladado los paquetes utilizando un vehículo oficial. En su defensa, aseguró desconocer el contenido de los bolsos.
El caso generó fuerte repercusión no solo por el volumen de droga incautada, sino también por el mecanismo utilizado: los presuntos cabecillas compartían pabellón dentro del penal desde donde, siempre según la acusación, coordinaban las operaciones.
Penas ya definidas
En paralelo al juicio principal, algunos imputados accedieron a un proceso abreviado y recibieron condenas:
Luis Alberto Garipe: 6 años de prisión efectiva, unificados en 9 años.
Héctor Leonardo Guiñez: 4 años, con un total de 6 años tras unificación.
Raúl Horacio Vargas: 4 años, que se transforman en 8 años en total.
Pablo Castillo: 6 años de cumplimiento efectivo.
Cristian Javier Latorre: 3 años de prisión efectiva.
Marcela Verónica Reputó: 3 años en suspenso.
Melina González: 3 años en suspenso.
