La UNSJ aprobó un presupuesto con ajustes por debajo de la inflación

El Consejo Superior avaló una partida de $122.699 millones que representa una suba del 9,49% respecto al año pasado, mientras que la inflación interanual alcanzó el 33%.
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La Universidad Nacional de San Juan ya tiene definidos sus recursos para el presente ejercicio tras la aprobación unánime en el Consejo Superior. Según el detalle brindado por el secretario administrativo financiero, Ricardo Coca, el presupuesto asciende a $122.699.684.061,00, lo que marca una diferencia real negativa frente al aumento sostenido de precios. Sumando los recursos propios generados por la institución, el monto total para este año alcanza los $127.385.468.815,96.

En cuanto a la distribución del dinero, el gasto en personal continúa siendo el eje central, absorbiendo el 92,89% de los fondos totales. Para el rubro sueldos se destinaron $113.974.266.651,00, una cifra que tuvo una actualización del 10,05% en comparación con el 2025. El resto de las partidas se dividen en $2.500 millones para becas estudiantiles, $1.400 millones para obras y $1.200 millones para el área de investigación, donde el financiamiento proveniente de Nación representa solo el 13,8% del total de ese rubro.

La sesión legislativa universitaria estuvo marcada por un desencuentro administrativo con el bloque opositor. Aunque el proyecto se aprobó por unanimidad de los presentes, desde el sector que lidera Jorge Cocinero denunciaron que su consejera suplente, Carina Capriotti, no asistió porque no recibió la notificación formal de la convocatoria. Por su parte, el oficialismo, que cuenta con 33 de los 38 consejeros, desestimó cualquier irregularidad y sostuvo que todos los integrantes son informados vía correo electrónico de manera regular.

El plan de gestión para este año priorizará el sostenimiento de la calidad educativa, el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) y las tareas de extensión. No obstante, las autoridades académicas reconocieron que el desfasaje financiero obligará a una administración restrictiva de los recursos operativos para garantizar el funcionamiento básico de las facultades y dependencias durante el resto del ciclo lectivo.

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