Perea defendió en el Congreso cambios a la Ley de Glaciares y habló de una protección “más precisa”

En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Constitucionales del Congreso, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, presentó la postura de la provincia respecto a la necesidad de modificar la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares. Durante su exposición, el funcionario dejó en claro que la iniciativa no apunta a reducir la protección del recurso hídrico, sino a dotar a la normativa de mayor precisión para facilitar su implementación. “No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor”, sostuvo.

Perea remarcó que el agua es un recurso estratégico para San Juan y que su cuidado está directamente ligado al desarrollo productivo de la provincia. En ese sentido, destacó inversiones oficiales que superan los 22 mil millones de pesos en infraestructura destinada a zonas mineras, de los cuales alrededor de 6 mil millones fueron destinados a obras hídricas, como el Acueducto El Tambillo y la red de agua potable en Jáchal.

Uno de los puntos centrales de su planteo fue la diferenciación entre distintos tipos de formaciones: glaciares descubiertos, cubiertos, neveros y manchones de nieve, cuya protección no está en discusión, y el ambiente periglacial, especialmente los glaciares de escombros, donde se concentra el debate. Para respaldar su postura, el ministro citó estudios del geofísico Silvio Pastore, que indican que en la cuenca del río San Juan existen 3.227 glaciares de escombros. Según esos datos, incluso en un escenario extremo de calentamiento global, su aporte al caudal del río sería de apenas el 1,65% en un período de 75 años. “No estamos hablando de la principal reserva de agua de la provincia, sino de una fracción mínima que debe ser evaluada caso por caso con criterios científicos”, afirmó.

Además, Perea apoyó su argumento en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, y defendió el rol de las jurisdicciones en la toma de decisiones sobre su territorio. El funcionario también aseguró que la propuesta de reforma mantiene el principio precautorio vigente, ya que todos los glaciares seguirían siendo considerados protegidos hasta que estudios específicos determinen lo contrario.

Como ejemplo del modelo de control ambiental sanjuanino, mencionó la aplicación de la Ley Provincial 1076-L y un sistema de evaluación compuesto por cinco instancias técnicas. Según explicó, este esquema permitió reducir los tiempos de análisis de proyectos de 180 a 30 días sin perder rigurosidad, como ocurrió en el caso del proyecto Josemaría. En el cierre de su intervención, Perea cuestionó la efectividad de la ley actual tras más de 15 años de vigencia, al considerar que su falta de precisión generó incertidumbre jurídica. En ese contexto, planteó que la iniciativa impulsada desde San Juan busca establecer una normativa clara, aplicable y basada en tres pilares: evidencia científica, federalismo y responsabilidad ambiental.