Detalles del reclamo de Orrego contra Tomás Méndez tras falsas acusaciones públicas

El gobernador decidió acudir a la Justicia tras una serie de acusaciones públicas y busca que se determinen responsabilidades.
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El Gobierno de San Juan confirmó que el gobernador Marcelo Orrego avanzará por la vía civil en el conflicto judicial que mantiene con el periodista Tomás Méndez, la productora Telearte y el Grupo Octubre, tras la emisión de informes en el programa Telenueve Denuncia en los que se lo vinculó con presuntas compras directas irregulares y maniobras en favor de empresarios allegados.

El asesor letrado adjunto de la provincia, Facundo Rojas, explicó que el objetivo de la acción judicial no se limita a una rectificación pública, sino que busca una reparación económica por daños y perjuicios ante lo que consideran una afectación al honor y la imagen del mandatario. Según detalló, las cartas documento enviadas por el gobernador intiman a los destinatarios a rectificar o ratificar con pruebas las afirmaciones difundidas en el informe televisivo.

En declaraciones al programa Todos Vivos de Canal 13, Rojas sostuvo que desde el Gobierno provincial hubo sorpresa por el tono del contenido emitido. “Nos asombra la injuria tan violenta, expresiva y directa. Una cosa es el interés público y la obligación de aclarar actos de gobierno, y otra es la descalificación taxativa que mancilla el honor del gobernador Orrego”, expresó.

El funcionario también precisó que cada notificación tiene un alcance distinto según el rol de los involucrados. En el caso de Méndez, la acción se fundamenta en sus expresiones directas durante el informe, mientras que la productora y los responsables del canal fueron incluidos por su participación en la producción y difusión del contenido.

El conflicto se originó a partir de acusaciones difundidas en el programa televisivo sobre supuestas compras millonarias en “La Boutique del Jamón” y contrataciones direccionadas hacia la firma JL, vinculada a un exreferente del partido Producción y Trabajo. Desde el entorno oficial señalaron que, de haber existido una intención informativa real, la provincia hubiese brindado los datos necesarios ante cualquier consulta periodística.

Rojas remarcó que la estrategia judicial se centra en la vía civil, teniendo en cuenta las modificaciones en la legislación penal respecto de los delitos de calumnias e injurias cuando se trata de temas vinculados al interés público. En ese marco, la presentación busca avanzar en un reclamo por el impacto moral y personal que, según sostienen desde el Ejecutivo, provocaron las acusaciones.

El caso de San Juan se suma a otros conflictos similares que involucran al mismo periodista en distintas provincias. Según indicó el funcionario, gobernadores como Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rogelio Frigerio también iniciaron acciones legales frente a publicaciones atribuidas a Méndez, lo que configura un escenario de tensión entre el comunicador y varios mandatarios provinciales.

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