El oficialismo quiere que solamente 200 personas hablen por la audiencia de la Ley de Glaciares

La audiencia pública por la reforma de la ley de glaciares, prevista para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, se convirtió en un campo de batalla político y judicial. El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que conduce el diputado libertario Nicolás Mayoraz, estableció un formato que redujo drásticamente la participación ciudadana: solo 200 expositores —presenciales y virtuales— podrán hablar, definidos por orden de inscripción por provincia. El resto de los más de 65.000 inscriptos deberá subir un video de hasta cinco minutos a una plataforma digital.

La decisión desató una catarata de críticas y acciones legales. Ayer por la tarde, un grupo de organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática, el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, presentaron una medida cautelar en la Justicia. El escrito solicita que se ordene al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en condiciones de igualdad y que se amplíe el cronograma con jornadas adicionales.

El pedido recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. También exigen que se designen veedores judiciales que supervisen el desarrollo de las audiencias, en línea con los estándares del Acuerdo de Escazú.

El malestar no se limita a las organizaciones sociales. La oposición también cuestionó el tratamiento que el oficialismo le está dando al proceso. Mayoraz no solo fijó un cupo reducido para expositores, sino que también limitó la presencia en la comisión: solo podrán ingresar los diputados que integran las comisiones citadas, dejando afuera al resto de los legisladores que por derecho pueden participar. Además, los asesores personales de cada diputado no podrán ingresar; cada bloque político podrá acreditar solo dos asesores de su Secretaría Parlamentaria.

El oficialismo, en tanto, acelera los tiempos. La idea es dictaminar la semana siguiente a la audiencia y llevar la norma al recinto en los primeros días de abril. "El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país", argumentó un diputado de La Libertad Avanza.

En Tribunales, las expectativas sobre la suerte de la cautelar son moderadas. "Es poco probable que esto avance. Hay mucho en juego y el gobierno ya tiene un cronograma establecido para esta norma", confió a Infobae una fuente con conocimiento de la causa. Mientras tanto, la disputa promete intensificarse en los próximos días.