¿Cómo avanza en la Justicia la causa del acueducto que salpica la gestión Uñac?

El escándalo por el Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo, pero lejos de cerrar el panorama, abrió una etapa de mayor incertidumbre judicial. Mientras el informe técnico externo encargado por OSSE advierte que las tuberías no serían aptas para agua potable, desde Fiscalía dejaron en claro que aún no hay validación oficial de ese estudio dentro de la causa y que cualquier conclusión dependerá de pericias formales.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, fue contundente al marcar distancia respecto de la información que trascendió públicamente. “Nosotros no hemos tomado conocimiento de nada de esa noticia, nos hemos enterado por los medios igual que ustedes”, afirmó, y agregó que recién ahora se está comenzando a recibir documentación enviada por el Gobierno para su análisis.

En esa línea, remarcó que el informe difundido no alcanza por sí solo para sostener una acusación: “Yo no soy técnico en eso y con un solo informe no me basta para acreditar en juicio que un caño sirve o no sirve, o que sea tóxico o no”. Por eso, explicó que será necesario avanzar con estudios periciales que cuenten con control de las partes involucradas, algo que todavía no ocurrió.

El cambio de foco en la investigación es claro: ya no se trata únicamente de lo que diga un informe técnico, sino de construir prueba judicial válida. “Nosotros no solamente nos podemos guiar con un mero informe, necesitamos una pericia para darle contundencia”, insistió Gómez, quien además advirtió que la causa será extensa por su complejidad técnica y el volumen de documentación.

De hecho, el expediente ya cuenta con más de un centenar de cajas de documentación remitidas por OSSE, que se analizan de manera progresiva. “Es una causa que va a llevar mucho tiempo de investigación porque es eminentemente técnica y muy grande”, señaló el fiscal.

En paralelo, también puso límites a las expectativas sobre medidas inmediatas como allanamientos o imputaciones. “Primero tengo que verificar si existió un hecho ilícito y después determinar quiénes son los responsables”, explicó, descartando por ahora acciones apresuradas sin sustento probatorio.

Sin embargo, desde el otro lado de la causa crece la presión para acelerar definiciones. El abogado Marcelo Arancibia, denunciante en el expediente, consideró que el escenario ya es lo suficientemente grave como para avanzar con medidas más contundentes. “No se puede demorar más… esto ya tiene ribetes muy preocupantes”, sostuvo.

En su análisis, el informe técnico conocido públicamente podría marcar un punto de inflexión: “Si se confirma que los caños no sirven, estamos ante un hecho gravísimo que puede incluso rozar el riesgo a la salud pública”, advirtió. Incluso planteó la necesidad de medidas urgentes: “Deben pedir celulares, computadoras, documentación bancaria… si no, se pierde prueba clave”.

Arancibia también apuntó directamente a la responsabilidad en el proceso licitatorio y de control: “No se puede confundir un caño para agua potable con uno cloacal. Si eso ocurrió, hay una responsabilidad grave tanto del Estado como de la empresa”, afirmó.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando en múltiples frentes: desde el análisis técnico de las cañerías hasta la reconstrucción administrativa de la licitación y ejecución de la obra, que se desarrolló entre las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac.

El dato central es que, pese al impacto del informe, la causa entra ahora en una etapa más rigurosa desde el punto de vista judicial, donde lo determinante no será lo que se haya difundido públicamente, sino lo que pueda probarse en expediente.