Diario Móvil
El proyecto hídrico más ambicioso de San Juan quedó envuelto en una polémica de alto impacto tras conocerse un informe técnico que pone en duda la calidad de un componente clave. Un estudio encargado por OSSE reveló que las tuberías instaladas en el Acueducto Gran Tulum no serían aptas para transportar agua potable, lo que abre un escenario crítico tanto en lo sanitario como en lo judicial.
El análisis fue realizado por la consultora Interacción y validado por la certificadora internacional Bureau Veritas. Según las conclusiones, los caños provistos por la firma Krah corresponden a sistemas diseñados para desagües cloacales y pluviales, es decir, no preparados para soportar presión ni para conducir agua destinada al consumo humano. Además, se advirtió que los materiales utilizados podrían liberar sustancias nocivas, lo que representaría un riesgo potencial para la salud.
La obra, pensada para garantizar el abastecimiento de agua potable a una población proyectada de 1 millón de habitantes, se financió con un crédito internacional de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait, deuda que la provincia ya comenzó a cancelar. Hoy, ese megaproyecto enfrenta un panorama incierto.
El caso también tiene derivaciones judiciales. A fines de 2025, el abogado Marcelo Arancibia impulsó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen posibles irregularidades en la adjudicación, el manejo de fondos y la calidad de los materiales utilizados. Meses después, el propio Estado provincial decidió presentarse como querellante en la causa, lo que marcó un giro significativo en el proceso.
En paralelo, OSSE avanzó con auditorías internas ante las sospechas técnicas. Se conformaron equipos específicos para revisar documentación y evaluar el estado real de la obra. Incluso trascendió que hubo desvinculaciones de personal jerárquico vinculado al desarrollo del acueducto, aunque sin confirmaciones oficiales sobre identidades.
Para profundizar el análisis, se tomaron muestras de distintos tramos de cañería que luego fueron estudiadas por Interacción. El dictamen fue contundente y ahora será incorporado como prueba en la investigación penal, que ya acumula un volumen considerable de documentación.
La fiscalía, a cargo de los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, ya recibió más de 100 cajas con información vinculada al caso. A esto se suman los resultados de inspecciones recientes en sectores clave del acueducto, donde se verificó tanto la instalación de los caños como su correspondencia con los planos originales. No se descarta que en las próximas semanas se solicite documentación a empresas privadas e incluso se avancen con medidas más contundentes.
Ante este escenario, OSSE decidió convocar al INTI para una nueva evaluación independiente. Si ese organismo confirma las conclusiones del informe inicial, el futuro del acueducto podría verse seriamente comprometido. La alternativa sería remover las cañerías ya instaladas, lo que implicaría un costo millonario adicional en una obra que aún no está terminada y sin recursos disponibles para reiniciarla.
El origen del proyecto se remonta a acuerdos internacionales vinculados a financiamiento para obras de saneamiento, en el marco de compromisos asumidos por Argentina tras la Guerra del Golfo. En ese contexto, San Juan accedió a los fondos bajo la condición de destinarlos a infraestructura hídrica.
La ejecución del acueducto incluyó dos procesos licitatorios en los que la empresa Krah resultó adjudicataria para la provisión de caños. Ya desde entonces, hubo advertencias de competidores sobre el carácter experimental de los materiales ofrecidos y diferencias económicas respecto al presupuesto oficial.
Además, la instalación de la firma en la provincia también formó parte de la estrategia logística para reducir costos de traslado, lo que derivó en la apertura de una planta en el Parque Industrial de Albardón.
Hoy, con un informe técnico que cuestiona la base estructural del proyecto, el Acueducto Gran Tulum enfrenta su momento más delicado. Entre la incertidumbre técnica, el avance judicial y el peso de una deuda internacional en marcha, la obra que prometía asegurar el agua del futuro se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda pública provincial.
