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El primer informe técnico externo solicitado por OSSE sobre el Acueducto Gran Tulum encendió alarmas críticas sobre la infraestructura más importante de la provincia. El estudio determinó que las tuberías instaladas no son aptas para el transporte de agua potable, sino que corresponden a desagües cloacales y pluviales.
Según el documento, estos caños no están diseñados para soportar presión, requisito indispensable para un acueducto de esta magnitud. Además, advierte que los materiales podrían fabricarse con componentes no aptos para el consumo humano, con el consecuente riesgo de migración de partículas potencialmente tóxicas.
La obra fue proyectada para abastecer a un millón de habitantes y se financió mediante un crédito internacional de 100 millones de dólares otorgado por Kuwait. Este financiamiento, con origen en acuerdos de la era de Carlos Menem, fue formalizado en 2013 por el entonces ministro José “Pepe” Strada durante la gestión de José Luis Gioja.
La provisión de las cañerías estuvo a cargo de la empresa alemana Krah, adjudicataria de dos licitaciones: una en 2015(gestión Gioja) por 13 km y otra en 2017 (gestión Uñac) por 56,7 km adicionales. En aquel momento, la competidora General Plastics ya había advertido sobre el carácter experimental de estos caños y cuestionado los montos de la oferta.
En diciembre de 2025, el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia judicial por presunta malversación de fondos e irregularidades en la licitación. La presentación resaltó que el apoderado de la empresa Krah era Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, vinculando la adjudicación con el poder político de turno.
Actualmente, la Provincia es querellante en la causa liderada por los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez. La investigación cuenta con más de 100 cajas de documentación y ya se realizaron inspecciones oculares en el ramal principal, entre el dique Punta Negra y la planta de Marquesado, para cotejar la instalación real con los planos.
Dentro de OSSE, el proceso ya derivó en la desvinculación de personal jerárquico vinculado al desarrollo del proyecto. Mientras tanto, un equipo técnico analiza la documentación interna para evaluar si la obra puede continuar o si los materiales instalados representan un fallo estructural insalvable.
El escenario futuro depende de un segundo peritaje encargado al INTI. Si este organismo ratifica que los caños son deficientes, las consecuencias serían graves: las tuberías deberían ser retiradas, la obra quedaría paralizada y la provincia seguiría pagando una deuda millonaria por un sistema que no puede utilizarse.
