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La investigación por las presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors dio un giro clave en las últimas horas. El Ministerio Público Fiscal informó que los imputados presentaron una propuesta de reparación integral para devolver el dinero denunciado como perjuicio económico y la iniciativa fue aceptada por la gran mayoría de las víctimas.
La oferta contempla la restitución de 540 millones de pesos, cifra que incluye 509 millones correspondientes al monto original denunciado más 31 millones en concepto de intereses.
El fiscal de la causa, Guillermo Heredia, puso la propuesta en conocimiento de los 357 denunciantes para que expresaran su postura frente al acuerdo. Según confirmaron desde la investigación, 347 personas dieron su conformidad inicialmente y durante la semana se sumaron otros 9 damnificados, lo que representa una adhesión casi total.
El esquema planteado establece un plan de pago financiado a 120 días, dividido en 5 cuotas. La primera se abonaría a los 15 días de que el acuerdo sea eventualmente homologado por la Justicia.
Desde la fiscalía explicaron que la propuesta incluye garantías respaldadas por bienes muebles e inmuebles de los imputados para asegurar el cumplimiento de los pagos.
La medida apunta exclusivamente a resolver el aspecto penal del caso, por lo que no impide que quienes lo deseen puedan avanzar con eventuales reclamos civiles.
Para llegar a esta instancia, el equipo de investigación llevó adelante un trabajo técnico de gran magnitud. Se analizaron informes provenientes de cientos de entidades financieras con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero y determinar el destino de los fondos involucrados.
Además, durante la investigación se realizaron 12 allanamientos y un relevamiento patrimonial detallado para identificar bienes que pudieran garantizar la reparación del daño.
La causa fue impulsada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que en apenas 40 días desde la primera denuncia desarrolló una intensa tarea investigativa para avanzar en el proceso y buscar una solución concreta para las víctimas.
El equipo estuvo encabezado por el fiscal Heredia y contó con la participación de los ayudantes fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, junto con las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.
Desde el Ministerio Público señalaron que anteriormente los acusados habían presentado dos propuestas de reparación, aunque ambas contemplaban montos inferiores al perjuicio estimado, por lo que en ese momento no hubo acuerdo y la investigación continuó con la formalización del proceso penal y la detención de los imputados.
Ahora la decisión final quedará en manos de la jueza de Garantías, quien deberá analizar los términos del acuerdo y determinar si corresponde homologarlo para que el plan de devolución de dinero entre en vigencia.
