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El Gobierno nacional oficializó la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes. La normativa, aprobada recientemente por el Congreso, introduce cambios en el tratamiento judicial de los menores que cometen delitos, entre ellos la reducción de la edad mínima de imputabilidad.
La promulgación se concretó a través del decreto 138/2026 y su publicación en el Boletín Oficial. La iniciativa había obtenido respaldo en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
Uno de los puntos centrales de la reforma fija en 14 años la edad desde la cual una persona puede ser considerada responsable penalmente. El régimen también determina que las sanciones deberán aplicarse teniendo en cuenta tanto la edad del adolescente como las circunstancias particulares de cada caso.
El texto de la ley plantea que las medidas deben apuntar principalmente a la formación y reintegración social del joven, con el objetivo de evitar la reincidencia y favorecer su inclusión futura en ámbitos educativos y laborales.
En relación con las penas privativas de libertad, la normativa establece que deberán aplicarse solo cuando no exista otra alternativa y por el período más breve posible. También prohíbe sanciones perpetuas o de duración indeterminada y descarta la generación de antecedentes penales permanentes.
El nuevo régimen fija además condiciones específicas para las detenciones de adolescentes. En caso de que resulte imprescindible el encierro, el alojamiento deberá realizarse en espacios especialmente preparados y bajo la supervisión de personal capacitado. Asimismo, se prohíbe que los menores permanezcan detenidos junto a adultos.
La ley también establece que los procesos judiciales deben tramitarse con rapidez, especialmente cuando el joven imputado se encuentra privado de su libertad. Las demoras injustificadas podrán derivar en responsabilidades disciplinarias para los funcionarios judiciales intervinientes.
Para los casos en que los involucrados no alcancen la edad de imputabilidad, se prevé la intervención de la Justicia en el ámbito civil con medidas de protección. Además, la normativa exige que jueces, fiscales y defensores que intervengan en este tipo de causas cuenten con formación especializada en materia penal juvenil.
Otro de los ejes del nuevo sistema es el reconocimiento de los derechos de las víctimas, quienes deberán recibir información sobre el avance de las investigaciones y podrán participar en distintas instancias del proceso. También se contemplan mecanismos de reparación y, en determinados casos, alternativas como la mediación o la conciliación, siempre que exista consentimiento de la persona afectada.
Finalmente, la ley prevé que cuando se produzcan daños materiales, los padres o responsables legales del adolescente puedan ser considerados civilmente responsables según lo determine la sentencia judicial.
