Presunta estafa piramidal en San Juan: prisión y embargo por $200 millones

En la mañana de este lunes se realizó en Tribunales la audiencia de formalización contra Francisco Ontiveros, de 25 años, y su esposa Brisa Ocampo, en el marco de la causa conocida como “Green House”, investigada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas que dirige el fiscal Eduardo Gallastegui. Ambos están imputados por 31 hechos de presuntas estafas que, según la investigación, acumulan un perjuicio económico cercano a los 138 millones de pesos.

Durante la audiencia, Ocampo se abstuvo de declarar, mientras que Ontiveros optó por brindar su versión de los hechos ante el juez. En su exposición, sostuvo que el proyecto comenzó en octubre de 2023 con una finalidad benéfica y que el objetivo era “ayudar a las personas”. Explicó que el esquema surgió como una forma de financiamiento para expandir un comercio que funcionaba como bazar y librería en calle Pueyrredón.

Según su relato, ante el crecimiento del emprendimiento comenzaron a recibir inversiones privadas, prometiendo una retribución económica. Afirmó que el sistema funcionó durante un tiempo y que incluso algunos inversores habrían percibido sumas importantes en concepto de retornos. También señaló que intentaron formalizar la actividad mediante la creación de una SRL y la gestión de una categoría ante ARCA vinculada a inversiones. Negó que la apertura de una oficina en San Rafael, Mendoza, haya sido un intento de fuga, y la enmarcó en un plan de expansión. Además, indicó que llegaron a contar con alrededor de 400 clientes y que dificultades operativas, sumadas al bloqueo de una cuenta bancaria, complicaron la devolución de fondos.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que se trató de una estafa piramidal reiterada. De acuerdo con la acusación, “Green House” habría sido una estructura utilizada para captar capitales bajo la promesa de retornos extraordinarios de entre el 4% y el 6% semanal, equivalentes a cerca de un 20% mensual, cifras consideradas incompatibles con parámetros normales del mercado.

El Ministerio Público Fiscal afirmó que la firma no contaba con CUIT ni habilitación para realizar intermediación financiera y que la captación de inversores se apoyó en vínculos de confianza, incluyendo amigos, familiares y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las denuncias señalan que las inversiones se realizaron en pesos, dólares y hasta mediante la entrega de vehículos.

Según la investigación, el sistema habría colapsado entre septiembre y octubre de 2025, cuando cesaron las devoluciones. Ante los reclamos, los imputados habrían ofrecido planes de pago con bienes de escaso valor o vehículos en mal estado como forma de compensación. La causa reúne 31 denuncias formales y se tramita en cuatro cuerpos de expediente, mientras se analiza si se configuró un esquema tipo Ponzi destinado a su propio colapso.

Tras escuchar a las partes, el juez Federico Rodríguez resolvió dictar prisión preventiva para Ontiveros por un plazo inicial de 45 días y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. Asimismo, dispuso un embargo preventivo de 200 millones de pesos sobre los bienes de cada imputado y la inhibición general para realizar movimientos patrimoniales.

La Justicia fijó un plazo de un año para completar la Investigación Penal Preparatoria, período en el que se profundizará el análisis contable y financiero para determinar el destino de los fondos y las eventuales responsabilidades penales.