Perimetral y prohibición para salir del país a sindicalista sanjuanino

Este miércoles 18 de febrero de 2026, el juez de Garantías Alberto Caballero resolvió imputar al secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) San Juan, Alfredo Duarte. El dirigente gremial enfrenta cargos por los delitos de amenazas simples y daños.

La acusación surge tras un episodio violento ocurrido en el departamento de Angaco. El conflicto se habría originado por la supuesta usurpación de un predio perteneciente al sindicato, situación que derivó en la denuncia de la familia Gómez contra el sindicalista.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal de la UFI Genérica, José Plaza, relató los hechos basados en una investigación que comenzó en noviembre pasado. El Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria (IPP).

Además de la imputación, la fiscalía requirió medidas de coerción para proteger a los denunciantes. Entre ellas, se destacó la prohibición de contacto por cualquier vía, incluyendo redes sociales y llamadas telefónicas, así como una restricción de acercamiento física.

La defensa de Duarte, ejercida por Milenko García y Juan José Esnaola, no objetó la calificación legal ni el plazo de la investigación. Sin embargo, solicitó una modificación en la distancia de la restricción perimetral debido a la proximidad de los terrenos en disputa.

Los abogados explicaron que ATSA posee un predio en la zona que el dirigente visita con frecuencia, y que la familia denunciante también tiene tierras cercanas. Por este motivo, pidieron reducir la distancia de exclusión de 300 a 200 metros para evitar incumplimientos involuntarios.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el magistrado Alberto Caballero dio por formalizada la investigación por el plazo de seis meses. Duarte deberá cumplir estrictamente con las medidas cautelares impuestas para evitar el entorpecimiento del proceso.

Entre las restricciones vigentes, el dirigente tiene prohibido salir del país sin autorización judicial. Asimismo, deberá respetar la distancia de 200 metros respecto de las víctimas y abstenerse de cualquier tipo de comunicación con ellos mientras dure la causa.