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"¡No salgo de mi asombro!". Con esa expresión, el ministro de Economía Luis Caputo manifestó su sorpresa por la falta de respaldo público de las cámaras empresariales a uno de los puntos centrales de la reforma laboral que este miércoles comenzará a debatirse en Diputados.
A través de su cuenta en X, el funcionario destacó que el proyecto establece una reducción del 85% en las contribuciones patronales para los nuevos empleos, un beneficio que consideró "casi lo más importante de la ley" . "Ninguna cámara festeja, nada", cuestionó.
Qué cambia para las empresas
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), incluido en los artículos 154 y 155 del proyecto, establece alícuotas reducidas durante los primeros 48 meses de cada nueva relación laboral: 2% en concepto de contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares, y 3% para el INSSJP.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), esto implica que las contribuciones patronales por un nuevo trabajador bajarían del 27% actual a aproximadamente el 15% durante cuatro años. En términos del salario bruto, la carga laboral total descendería del 44% al 32%.
El debate que viene
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra, será tratada esta semana en un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto de la Cámara Baja . El oficialismo confía en mantener la alianza con gobernadores y bloques dialoguistas que permitió el avance en la Cámara alta, aunque persisten diferencias en torno al polémico artículo que modifica el pago de salarios durante licencias por enfermedad.
La tensión con el sector privado
Pese al beneficio fiscal, la reacción empresaria fue cauta. Fuentes del sector privado señalan que, si bien valoran la reducción de cargas, mantienen reparos sobre otros capítulos de la reforma y el contexto macroeconómico . Algunas cámaras industriales reclaman medidas adicionales vinculadas al crédito, la producción y la estabilidad de la demanda.
En paralelo, la CGT ya convocó a un paro general sin movilización para el mismo día en que se trate la reforma en Diputados, previsto para este jueves 19 de febrero, con el respaldo confirmado de la UTA, lo que garantizará la paralización del transporte público.
