Extraordinarias: Milei activa el Congreso en febrero y pone la reforma laboral en el centro del debate

El presidente Javier Milei firmó el decreto que habilita el funcionamiento del Congreso durante el receso de verano. La convocatoria a sesiones extraordinarias se extenderá desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026 y establece un temario cerrado que delimita con precisión qué proyectos podrán discutirse en ese lapso.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial y alcanza tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. El llamado se apoya en las facultades constitucionales que permiten al Poder Ejecutivo reunir al Parlamento fuera del período ordinario y fijar los asuntos a tratar.

Durante esas semanas, los legisladores solo podrán debatir los temas incluidos en el anexo del decreto. Cualquier intento de ampliar la agenda quedará supeditado a una nueva definición presidencial, lo que reduce el margen de maniobra del Congreso y concentra el control político en la Casa Rosada.

La reforma laboral aparece como la iniciativa más relevante del temario. El Gobierno la considera una pieza clave de su programa económico y pretende avanzar con su discusión antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. Junto a ese proyecto también se habilitó el tratamiento de cambios en la ley de protección de glaciares, la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y una designación diplomática de alto rango.

En el caso ambiental, la propuesta apunta a modificar el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, lo que ya anticipa un debate sensible. En el plano internacional, el Ejecutivo enviará al Congreso el texto del acuerdo comercial con la Unión Europea, mientras que en materia institucional se incluyó la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

El llamado a extraordinarias no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia legislativa que el oficialismo ya utilizó durante otros recesos para empujar proyectos centrales sin la presión de una agenda parlamentaria más amplia. En este esquema, la reforma laboral se consolida como el eje político del verano legislativo.

Sin embargo, el camino no aparece despejado. La iniciativa enfrenta resistencias entre los gobernadores, actores clave para asegurar los votos en el Senado. Según se desprende de las negociaciones en curso, persiste un clima de desconfianza que complica los acuerdos.

Los mandatarios provinciales reclaman definiciones concretas sobre recursos, obra pública y deudas previsionales antes de comprometer su respaldo. El mayor punto de fricción está en el capítulo tributario del proyecto, especialmente en la baja del impuesto a las sociedades, que las provincias advierten que podría afectar la coparticipación federal.

Mientras el Gobierno, con el apoyo del ministro de Economía Luis Caputo, evita introducir cambios impositivos y exige garantías previas de acompañamiento legislativo, varios gobernadores condicionan su apoyo a modificaciones en el texto. El oficialismo apunta a conseguir una media sanción el 11 de febrero, aunque admite que las negociaciones siguen abiertas y que el escenario político todavía está cargado de tensiones.