La causa se inició por la venta de un contenedor que nunca fue entregado, derivó en una imputación por estafa, restricciones judiciales por 6 meses y un embargo preventivo por 8.000.000 de pesos sobre las cuentas del empresario acusado.
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Un sanjuanino fue formalmente imputado por estafa tras una denuncia por la venta de un contenedor que nunca entregó. Aunque recuperó la libertad, deberá cumplir estrictas medidas judiciales y enfrenta un embargo millonario sobre sus cuentas.
La Justicia sanjuanina avanzó en una causa por estafa que tiene como protagonista a Juan Marcelo Conca Zamora, titular de una firma dedicada a módulos habitables. El jueves 19 de diciembre se realizó la audiencia de control de detención y formalización, donde el juez Roberto Jorge Montilla avaló el procedimiento y dio inicio formal a la investigación penal.
El caso se originó a partir de la denuncia presentada por Pablo Robertino García Pérez, quien relató haber contratado al empresario en abril de 2024 para la compra de un contenedor marítimo. El acuerdo contemplaba un pago total de 4.700 dólares, monto que fue abonado en dos transferencias realizadas en septiembre de 2024 y abril de 2025.
Según la investigación, luego de recibir el dinero Conca Zamora comenzó a postergar la entrega del contenedor, argumentando supuestas demoras en el traslado desde Chile. Con el paso de los meses, las excusas se repitieron hasta que en agosto de 2025 el denunciante fue bloqueado de toda vía de comunicación, quedando sin respuestas ni devolución del dinero.
Las diligencias realizadas por la UFI Delitos Informáticos y Estafas arrojaron datos comprometedores. Se constató que la empresa del imputado tiene como domicilio legal un terreno baldío y que tanto la firma como su titular presentan una situación económica crítica, con cheques rechazados por más de 16.000.000 de pesos. Además, se verificó que Conca Zamora cuenta con antecedentes penales y pedidos de captura previos por otros hechos delictivos.
Durante la audiencia, el magistrado declaró legal la detención concretada el 17 de diciembre y formalizó la Investigación Penal Preparatoria por el delito de estafa, en calidad de autor. El plazo de investigación fue fijado en 6 meses.
Si bien el imputado recuperó la libertad, quedó sujeto a severas medidas coercitivas. Entre ellas, deberá presentarse mensualmente en la comisaría correspondiente a su domicilio, no podrá salir de la provincia ni del país sin autorización judicial y tiene prohibido cualquier tipo de contacto con el denunciante.
Como medida cautelar, el juez también ordenó un embargo preventivo sobre 5 cuentas bancarias del imputado, incluidas cuentas en dólares y plataformas digitales, hasta cubrir la suma de 8.000.000 de pesos, en resguardo de una eventual reparación económica.
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