Durante la lectura se describió un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Política
El Tribunal Oral Número 7 avanzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del expediente por los escritos de Oscar Centeno con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente en el tramo denominado como “La Camarita”.
El organismo antilavado comandado por Paul Starc sostuvo durante la onceava audiencia del debate que encabezan los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y German Castelli que la expresidenta Cristina Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales por un total de 171.224.710 pesos y 613.000 dólares.
Según la presentación de la UIF, una de las empresas con vínculos comerciales con la entonces mandataria realizó 40 entregas de dinero ilícito que superaron los 85 millones de pesos.
Para la UIF, existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos vinculados a contratos de obras y servicios públicos.
Durante la lectura, que se extendió cerca de cinco horas, se describió un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. En ese entramado, los anticipos financieros variaban entre el 10 y el 20% del monto de las obras, o bien se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.
Bajo ese andamiaje, la UIF atribuyó al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido un rol central en la implementación del sistema desde la cartera ejecutiva que comandaba. En tanto, su número dos, José López, habría sido el encargado de coordinar el esquema y el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, de ejecutarlo y el circuito se completaba con la intervención del financista Ernesto Clarens, señalado como el recaudador del dinero.
Por otra parte, el TOF 7 leyó cargos por la aceptación de dádivas. “Se recibieron pagos ilegales en 175 oportunidades”, sostuvo la querella que en esa misma línea atribuyó responsabilidades de coautores a Julio De Vido, Cristina Fernández de Kirchner, José López y Ernesto Clarens.
Según la acusación, los sobornos se habrían pagado entre enero de 2008 y septiembre de 2010 y posteriormente fueron entregados a Daniel Muñoz, fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens aportó un archivo de Excel de un listado detallado con fechas y montos de cada una de las entregas.
Para la UIF todo este sistema de recaudación funcionaba de manera “aceitada y piramidal”, con Néstor y Cristina Kirchner como destinatarios finales de los fondos ilegales.
El organismo antilavado destacó que las empresas que más pagaron sobornos fueron JCR S.A., de la familia Relats. Según el requerimiento de elevación a juicio, esa firma realizó 40 pagos por 85.493.691 pesos entre 2011 y 2013. En paralelo, fue beneficiada con 44 obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad, por más de 5.294 millones de pesos, la mayoría de ellas otorgadas de manera exclusiva.
El requerimiento también destacó el vínculo comercial entre los Kirchner y el Grupo Relats a través del complejo hotelero Los Sauces. Víctor Manzanares, en su momento contador del matrimonio presidencial, declaró como imputado colaborador y afirmó que el alquiler del hotel funcionó como uno de los principales mecanismos de ingreso para el patrimonio familiar.
Según sus dichos ante la Justicia, el grupo alquiló el complejo durante 11 años por un canon mensual cercano a los 90 mil dólares, lo que habría generado entre 10 y 11 millones de dólares “en blanco”.
En “La Camarita” también se hizo mención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, junto a Osvaldo De Sousa y a quienes se les atribuyen cinco sobornos por unos 14 millones de pesos, pagados entre 2011 y 2012 a través de la constructora CPC S.A.
El trabajo en comisión continuará y buscarán sacar dictamen en las próximas horas, pero estudiarán con tiempo los cambios que pidieron la CGT y la oposición.
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