Flor de amigo: sanjuanino robó datos de la tarjeta de su conocido e hizo compras millonarias

La Justicia sanjuanina avaló una reparación integral en una causa por estafa que involucró a dos conocidos de larga data tras una compra no autorizada realizada por internet. El imputado deberá reintegrar el monto total para evitar que el conflicto llegue a juicio.

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Imagen ilustrativa.

Una relación de años terminó frente a un juez por una maniobra con una tarjeta ajena. En una audiencia reciente, la Justicia sanjuanina avaló un acuerdo que permitió cerrar una causa por estafa sin llegar a juicio, a partir de la devolución total del dinero involucrado.

El expediente fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal bajo la órbita del fiscal Duilio Ejarque y tuvo como protagonista a José Luis Aubone Fracapani, acusado de realizar una compra importante utilizando una tarjeta de crédito que no le pertenecía. El denunciante fue Orlando Ángel Ariel Ruiz Álvarez, con quien el imputado mantenía un vínculo previo de confianza.

La situación salió a la luz cuando la víctima revisó su resumen bancario y detectó un gasto que desconocía por completo. Se trataba de la adquisición de una bicicleta todo terreno rodado 29 por un valor de 788.000 pesos, concretada a través de una plataforma digital en un comercio de la provincia. Tras el reclamo ante la entidad bancaria y el bloqueo inmediato del plástico, se estableció que el bien había sido retirado por el propio imputado.

La investigación confirmó que la operación se había realizado el 2 de julio de 2025 con una tarjeta VISA del Banco Galicia a nombre del denunciante y sin su autorización. Aunque el banco anuló el consumo y el comercio logró cobrar por otras vías, el conflicto penal siguió su curso hasta que las partes optaron por una salida alternativa.

En la audiencia del 16 de diciembre, el juez Roberto Montilla homologó un acuerdo de reparación integral. En ese marco, Aubone Fracapani se comprometió a depositar la suma total del valor de la compra, actualizada según la tasa activa del Banco Nación, dentro de un plazo de 72 horas.

El dinero quedará bajo custodia judicial y podrá ser reclamado por quien demuestre haber sufrido el perjuicio económico. Si nadie acredita ese daño dentro de los plazos legales, los fondos podrían destinarse a fines solidarios. Una vez cumplido el acuerdo, la Fiscalía deberá solicitar el sobreseimiento, poniendo punto final a una causa que evidenció cómo un conflicto nacido en la confianza puede terminar resolviéndose en los tribunales.

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