El ex gobernador será investigado por presunta malversación de fondos, y defraudación al Estado.
Diario Móvil
El letrado Marcelo Alberto Arancibia formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de San Juan para que se investiguen posibles delitos contra la administración pública durante las gestiones 2015-2023, vinculados a las contrataciones de la obra "Acueducto Gran Tulum". La denuncia se centra en un perjuicio patrimonial que ascendería a $100 millones de dólares, sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y la vinculación de la empresa adjudicataria con familiares del exgobernador Sergio Uñac. Arancibia presentó la denuncia en el simple interés de que se cumpla la ley.
La presentación ocurre en un momento crucial, ya que el próximo 10 de diciembre se cumplen los dos años después de los cuales un exfuncionario no puede ser enjuiciado por enriquecimiento ilícito. El artículo 268 bis del Código Penal establece la inhabilitación absoluta perpetua y prisión de dos a seis años para quien no justifique un enriquecimiento patrimonial apreciable, ocurrido hasta dos años después de haber cesado en su desempeño público.
Marcelo Arancibia, abogado.
Los hechos denunciados surgen de diversas publicaciones periodísticas, citadas como prueba inicial, que detallan una secuencia fáctica grave. Estas publicaciones apuntan a una vinculación directa entre altos funcionarios y la empresa proveedora de tuberías, KRAH AMÉRICA LATINA S.A., la cual estaría ligada a un familiar directo (primo) del exgobernador Sergio Uñac. De confirmarse, esto configuraría una hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.
Además, diversos testimonios de empresas competidoras señalan que los pliegos licitatorios habrían estado diseñados para favorecer a dicha empresa, reduciendo la competencia y restringiendo la participación, lo que podría constituir abuso de autoridad y defraudación al Estado. La denuncia también destaca que existieron informes técnicos oficiales y advertencias previas que indicaban que los caños ofrecidos eran más caros, tenían menor respaldo técnico y exhibían deficiencias estructurales. Si estas alertas fueron ignoradas para beneficiar a la empresa vinculada, se configuraría una grave violación de deberes funcionales.
El actual Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, afirmó que la provincia comenzó a pagar la deuda del acueducto (un préstamo con Kuwait de $100 millones de dólares), aunque la obra no está finalizada. Este hecho refuerza la hipótesis de una eventual administración fraudulenta y beneficio económico indebido a particulares.
Arancibia solicita al Fiscal investigar posibles delitos contra la Administración Pública, tales como: Violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 C.P.) , Malversación de caudales públicos (art. 260 y ss. C.P.) , Negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 C.P.) , y Defraudación al Estado (arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 C.P.).
Para la investigación, se solicita la remisión de pliegos licitatorios, ofertas, informes técnicos, certificaciones de obra y estados de avance del Acueducto Gran Tulum al Poder Ejecutivo Provincial. Asimismo, se pide información al Tribunal de Cuentas sobre el control de legalidad y se requiere la designación de peritos idóneos (técnicos, económicos y contables) para evaluar la calidad de los caños, los sobreprecios y los pagos. Finalmente, se solicita citar a prestar declaración, en particular, al Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez.
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