Sebastián Dávila hizo mención a la denuncia que realizó el abogado Marcelo Arancibia. El dirigente del GEN acusa de desvío de fondos por 100 millones de dólares.
Diario Móvil
La controversia en torno a la obra del Acueducto Gran Tulum volvió a encenderse este martes, luego de que el abogado y dirigente del GEN, Marcelo Arancibia, presentara una denuncia penal ante la UFI Delitos Especiales para investigar presuntos hechos de corrupción ocurridos durante las dos gestiones del exgobernador Sergio Uñac (2015–2023).
Frente a este escenario, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó cuál podría ser la intervención de su organismo en caso de que la Justicia determine que existen elementos para avanzar con la investigación. “Si se presentó la denuncia, deberá pasar al estudio del Ministerio Público Fiscal. Si involucra el patrimonio de la provincia, deberemos constituirnos como parte querellante”, afirmó. Y agregó: “Si hay investigación por corrupción en las gestiones anteriores, nos haremos parte”.
Consultado sobre si intervendrán automáticamente ante eventuales sospechas detectadas por la UFI, Dávila fue categórico: “Si consideran que el proceso puede avanzar, tomaremos cartas en el asunto y evaluaremos si los elementos en el legajo ameritan intervenir”.
El funcionario también señaló, en diálogo con Radio Light, que informes solicitados por la Cámara de Diputados —especialmente aquellos relacionados con OSSE y la obra del acueducto— podrían resultar útiles. “Todo lo que haya sido constituido en los expedientes administrativos deberá estar allí. Esos informes seguramente serán parte de la denuncia”, sostuvo. No obstante, aclaró que la conducción de la investigación corresponderá exclusivamente al Ministerio Público Fiscal.
Dávila afirmó que hasta el momento su organismo no recibió ninguna denuncia formal ni documentación que ameritara trasladar información a la Justicia. “Nosotros no formalizamos denuncias. Evaluamos expedientes y recomendamos, pero la presentación corresponde a los funcionarios que intervienen en los procesos administrativos”, explicó.
No obstante, indicó que, dado que ahora existe una denuncia en manos de la Justicia penal, deberán “abocarse y adelantar el procedimiento administrativo para intervenir en el ámbito judicial”.
El fiscal de Estado detalló que cuando un caso involucra presunto perjuicio al patrimonio provincial, la UFI debe notificar a su organismo. “Si el fiscal entiende que está comprometido el patrimonio del Estado, se nos corre traslado y nos hacemos parte”, señaló. Remarcó además que antes de esa notificación existe un proceso interno de análisis dentro de la UFI para determinar si corresponde avanzar.
La presentación de Arancibia apunta a investigar posibles delitos contra la administración pública, centrados en presunto perjuicio patrimonial, sobreprecios, direccionamiento de licitaciones y vínculos entre la empresa adjudicataria —KRAH América Latina S.A.— y un primo del exgobernador Uñac.
El abogado calculó un perjuicio cercano a 100 millones de dólares y fundamentó la denuncia en diversas publicaciones periodísticas que, según sostiene, revelan una “secuencia fáctica grave”.
El momento de la presentación no es casual: el próximo 10 de diciembre se cumplen dos años desde la salida de Uñac del Gobierno, plazo clave para la posibilidad de investigar enriquecimiento ilícito, delito previsto en el artículo 268 bis del Código Penal. Arancibia aclaró que su acción se realiza “en simple interés de que se cumpla la ley”.
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