Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos por daños y perjuicios: exige el pago de $60 millones

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, demandó civilmente al excandidato a gobernador y empresario Sergio Vallejos ante el Tercer Juzgado Civil, a cargo del juez Luis Arancibia. La demanda está vinculada a los daños y perjuicios que, según Lima, le causaron los dos pedidos de juicio político presentados por Vallejos en 2024. La acción judicial no solo busca una reparación económica de 60 millones de pesos, sino que también tiene como objetivo desmentir públicamente las afirmaciones de Vallejos.

El reclamo de Lima incluye dos acciones conjuntas: por un lado, la compensación económica por lo que considera una afectación a su “buen nombre y honor” y, por otro, la solicitud de que se analicen las presentaciones hechas por Vallejos ante la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, a fin de contrastarlas con una serie de pruebas presentadas por el propio ministro. El objetivo de Lima es demostrar que los documentos y las declaraciones del dirigente liberal, en los que acusaba al magistrado de conducta irregular, son falsos.

La demanda se produce un año después de que Vallejos iniciara los pedidos de juicio político. En octubre y noviembre de 2024, el empresario textil y propietario de Zonda Safety Gear presentó en la Legislatura de San Juan una serie de acusaciones contra Lima y otros dos ministros de la Corte, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur, en relación con el fallo del máximo tribunal en el caso de la expropiación de la exbodega La Superiora. Según Vallejos, la Corte actuó en contra de la jurisprudencia vigente y favoreció a la empresa Cuyo Inversiones en detrimento del municipio de Rawson.

En sus presentaciones, Vallejos argumentó que los jueces de la Corte aplicaron incorrectamente la tasa activa para el cálculo de intereses, cuando el fallo en realidad especifica que debía aplicarse la tasa pasiva. Sin embargo, la Sala Investigadora de la Cámara de Diputados desestimó sus acusaciones por falta de pruebas suficientes. A pesar de esto, Vallejos insistió en sus demandas, ampliando la denuncia exclusivamente contra Lima y acusándolo de incompatibilidad por mantener su matrícula de escribano, un hecho que no solo no era ilegal, sino que además estaba suspendido en el Colegio Notarial.

Esta última acusación también fue desestimada por la Sala Investigadora, que concluyó que no existía incompatibilidad en la función de Lima como ministro de la Corte. Frente a la falta de avances en los pedidos de juicio político, Lima decidió tomar acciones legales contra Vallejos, acusándolo de ejercer abusivamente su derecho de presentar juicios políticos basados en hechos falsos. Según el abogado de Lima, Marcelo Miranda Marini, este tipo de conductas constituyen una “grosería institucional” y un uso irresponsable del derecho constitucional a pedir juicio político.

La demanda presentada por Lima se fundamenta en tres pilares legales: la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, y los artículos 51 y 52 del nuevo Código Civil y Comercial. A través de esta acción judicial, el ministro de la Corte busca no solo la compensación económica, sino también una rectificación pública de las declaraciones de Vallejos.