Tras la gran cantidad de amenazas de bomba registradas durante el año, la Justicia provincial decidió modificar su protocolo de actuación. A partir de ahora, no se realizarán evacuaciones totales, sino que los procedimientos se llevarán adelante por sectores y de manera sistematizada, con la participación de personal de Policía y Bomberos.
Según informaron fuentes judiciales, la decisión busca reducir el impacto económico y la pérdida de tiempo que generan estos operativos, sin dejar de lado las tareas investigativas.
La medida fue adoptada luego de una reunión conjunta entre la Justicia y las fuerzas de seguridad provinciales, donde se evaluó la eficacia de los procedimientos aplicados hasta el momento.
Además, se resolvió que todas las amenazas serán investigadas, independientemente del lugar desde el que provengan o de la cantidad de personas afectadas. También se analizará el tono y contenido de las grabaciones recibidas para determinar su credibilidad, ya que en muchos casos se detectaron bromas o risas durante los llamados.
Esta nueva modalidad apunta a agilizar la respuesta ante posibles amenazas y a optimizar los recursos de los equipos de emergencia y seguridad.
