Fallo de YPF: Argentina defendió su apelación ante la Corte de Nueva York

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York escuchó este miércoles los argumentos de la República Argentina contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 condenó al país a pagar US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF.

La audiencia, que se realizó en la sala 1703 del edificio Thurgood Marshall, fue presidida por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes interrogaron tanto a los representantes del Estado argentino como a los abogados de Burford Capital, la firma que impulsa la demanda.

El caso se remonta a la estatización de YPF en 2012, dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y cuestiona el incumplimiento de la obligación estatutaria de realizar una oferta pública a los accionistas minoritarios cuando el Estado retomó el control de la compañía.

El abogado Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell, encabezó la defensa argentina. A su lado estuvieron los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

Durante la exposición, Giuffra sostuvo que el caso “nunca debió resolverse en una corte estadounidense” y argumentó que la jueza Preska “aplicó de forma errónea el derecho argentino”.

La defensa se centró en tres ejes:

la distinción entre el derecho público y privado argentino,
la jurisdicción adecuada para dirimir la disputa,
y la metodología del cálculo de daños.
Giuffra explicó que las normas argentinas establecen que las disputas vinculadas con expropiaciones deben resolverse en tribunales administrativos locales, y que el fallo de Preska constituye “un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina”.

La PTN difundió un comunicado en el que destacó que la exposición “demostró con claridad y convicción la necesidad de aplicar correctamente el derecho argentino”, y expresó optimismo en que el tribunal de apelaciones revierta la decisión de primera instancia.

Por su parte, Paul Clement, abogado de los demandantes, defendió la competencia del tribunal neoyorquino y sostuvo que Argentina “incumplió un contrato al no lanzar la oferta pública prometida en los estatutos de YPF”.

Clement argumentó que los inversores, aunque no participaron en la emisión original de 1993, “compraron acciones bajo las mismas reglas”, y que “la elección de foro estadounidense es común cuando existe temor de parcialidad en tribunales extranjeros”.

Además, rechazó que el derecho argentino impusiera vías exclusivas de reclamo y calificó como “irrelevante” que los demandantes no hubiesen sido directamente expropiados, ya que el conflicto se basaría en “un incumplimiento contractual”.

La audiencia duró casi dos horas y contó con gran asistencia de abogados y asesores. Los jueces realizaron más de 40 preguntas combinadas a ambas partes, enfocándose en la jurisdicción, el derecho aplicable, y la moneda utilizada para el cálculo de daños.

Aunque no hubo indicios explícitos sobre la orientación del tribunal, los mercados reaccionaron de inmediato: las acciones de Burford Capital cayeron cerca de 10% tras el cierre de la sesión, interpretándose como un posible signo favorable para la defensa argentina.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito podría emitir su fallo en los próximos meses. De confirmarse la sentencia de Preska, Argentina quedaría obligada a abonar una cifra que triplica el valor pagado a Repsol en 2014 por la expropiación original.

Si el tribunal acepta los argumentos de la defensa, el país podría evitar o reducir sustancialmente la condena, en un caso que sigue siendo uno de los más relevantes para la economía y la política exterior argentinas.