
La autopsia confirmó que el remisero encontrado en Ullum se quitó la vida y descartó la intervención de terceros, tras varios días de búsqueda y preocupación de su familia.
La Fiscalía de Estado confirmó que cada caso tendrá un reclamo mínimo de 4 millones de pesos. También se pedirá la intervención de la Dirección de Niñez en los episodios protagonizados por menores.
La Fiscalía de Estado de San Juan avanzará con una medida inédita frente a la reiteración de amenazas de bomba registradas durante 2025. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que desde la próxima semana se presentarán demandas civiles por daños y perjuicios contra los responsables de estos hechos. “Vamos a iniciar acciones civiles por demanda por daños y perjuicios contra todas las personas mayores de edad involucradas y también contra los padres de los menores, porque el uso del teléfono de un hijo es responsabilidad de sus tutores”, advirtió.
El funcionario detalló que el monto de los reclamos partirá de los 4 millones de pesos. “El mínimo es de aproximadamente 4 millones de pesos, de ahí hacia arriba, porque hay distintos daños directos, indirectos y colectivos. Tomamos como referencia los costos de los protocolos aplicados en casos como el del hospital Rawson y la Escuela Boero”, explicó.
Hasta el momento, la provincia tiene contabilizados 16 episodios en lo que va del año: ocho protagonizados por adultos y ocho por menores. “A todos vamos a iniciarles acciones civiles. En el caso de los mayores, además, nos constituimos como parte querellante en los procesos penales. En los menores, no podemos hacerlo, pero sí como víctimas, porque el Estado es el que resulta afectado”, indicó.
Dávila también confirmó que se pedirá la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. “Queremos un abordaje integral: estudios de índole familiar, vecinal y social, y, si corresponde, la incorporación al programa de Justicia Restaurativa Juvenil. El objetivo es que los chicos comprendan la gravedad de lo que hicieron y que la sociedad tome conciencia”, sostuvo.
El fiscal enfatizó que el Estado no puede seguir asumiendo costos millonarios por estos episodios. “Cada vez que se aplica un protocolo, la provincia destina recursos humanos, logísticos y económicos muy importantes. Eso significa menos presupuesto para educación, salud y seguridad. Nuestra obligación es recuperar esos fondos porque pertenecen a todos los sanjuaninos”, subrayó.
Por último, Dávila dejó un mensaje de advertencia: “Quien siga haciendo este tipo de amenazas tendrá que enfrentar las consecuencias. No solo penales, sino también civiles, porque la reparación económica es indispensable para que no se repitan estos hechos”.
La autopsia confirmó que el remisero encontrado en Ullum se quitó la vida y descartó la intervención de terceros, tras varios días de búsqueda y preocupación de su familia.
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