Paro nacional: Alto acatamiento en la UNSJ

Por segundo año consecutivo, el presidente Javier MIlei decidió vetar la ley de Financiamiento Universitario. Tras la confirmación, gremios y sindicatos nacional, ligados a las universidades públicas, llamaron a un paro general para este viernes y se aproxima una nueva marcha federal. Trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) adhirieron en su mayoría. 

En San Juan, los tres gremios docentes (ADICUS, SIDUNSJ y UDA) se sumaron a la medida de fuerza, al igual que el de nos no docentes, APUNSJ. De acuerdo a la información oficial que pudo recabar DIARIO MÓVIL, la medida de fuerza tuvo alto impacto en la universidad sanjuanina y por ende en todas las facultades. 

Daniel Durán, secretario general de APUNSJ, le dijo a este medio que el "97% de los trabajadores no docentes se adhirieron al paro". 

Cientos de docentes sanjuaninos también manifestaron su postura contra Milei. “Al ser un paro integral, no solo quedaron suspendidas las clases y las prácticas de laboratorio, sino también evaluaciones y tareas administrativas, lo que genera que muchas unidades académicas estén paralizadas en su totalidad”, explicó Edith Liquitay, secretaria de prensa de ADICUS. 

Hasta este viernes por la tarde, todavía no se confirma la fecha de la marcha universitaria que se dará en todo el País. Hay intenciones, de que Diputados trate el veto el próximo miercoles, en Diputados, pero aún no hay confirmación; el objetivo es que la jornada en la que se trate se de la movilización universitaria. 

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

ARGUMENTOS DEL VETO

 En el veto, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno señala que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.

En ese sentido, advierte que las fuentes indicadas para el financiamiento (como mayores ingresos recaudados por encima de lo presupuestado y la reasignación de partidas) resultan “genéricas”, no se relacionan de manera directa con los nuevos gastos previstos y no garantizan la suficiencia ni la disponibilidad de recursos.

El Gobierno también argumentó que la implementación de la ley generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.

Este gasto “sin respaldo real”, según la Casa Rosada, sólo puede financiarse con emisión monetaria, lo que aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables de la población.