“Son políticas crueles”: feroz crítica del rector de la UNSJ a Milei

El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, cuestionó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y pidió a los legisladores nacionales que rechacen la medida cuando llegue al Congreso. “Apelamos a nuestros legisladores para que frenen este veto que tanto daño hace, porque el Gobierno Nacional está manejando los presupuestos de manera discrecional y sin respetar lo que votaron los diputados”, advirtió.

En declaraciones públicas, Berenguer aseguró que la decisión de Javier Milei trasciende al sistema universitario. “No solo se trata de educación y ciencia, también se afecta la salud y una infinidad de sectores. Ya no es defensa de una política económica: son políticas crueles que le hacen tremendo daño a la sociedad civil”, expresó.

El rector recordó que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había resuelto en su plenario del 29 de agosto en Rosario que, si se producía el veto, las universidades impulsarían una movilización federal el mismo día en que el Congreso lo trate. “Estamos en permanente contacto con los rectores y también con los gremios, que son los primeros afectados y ya convocaron a un paro nacional. El salario docente cayó un 45% en relación con la inflación porque no hubo paritarias ni discusión salarial”, subrayó.

Berenguer describió además la situación interna de la UNSJ, donde los recursos solo alcanzan para sostener el dictado de clases y mantener servicios básicos. “Estamos funcionando con lo mínimo. No es mérito solo de esta gestión, sino de administraciones pasadas que ordenaron la universidad. Pero el desfasaje del 45% en los ingresos pone en riesgo no solo el dictado de clases, sino también laboratorios y proyectos de ciencia y técnica que ya se han visto frenados por los recortes”, explicó.

El debate en el Congreso será clave para el futuro del financiamiento universitario. La ley vetada había sido aprobada a principios de agosto con 158 votos afirmativos, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para blindar la norma. Para insistir con su sanción original, la oposición deberá reunir esa mayoría especial. Mientras tanto, el oficialismo insiste en que el costo de la ley —estimado en más de un billón de pesos para 2025— pone en riesgo el superávit fiscal y solo podría financiarse con emisión monetaria, lo que, según el Ejecutivo, generaría más inflación.