Buscan un protocolo para evaluar amenazas, antes de desplegar el operativo

La reiteración de amenazas de bomba en diferentes instituciones públicas de San Juan encendió la alarma en la Justicia provincial. Escuelas, hospitales y hasta el Centro Cívico fueron escenario de evacuaciones que movilizaron a personal policial, brigadas especializadas y equipos de emergencia. Frente a este panorama, el fiscal general subrogante, Daniel Galvani, explicó cómo se trabaja desde el Ministerio Público Fiscal para enfrentar este fenómeno.

“Estamos, si se quiere, fortaleciendo medidas ya tomadas”, señaló en diálogo con DIARIO MÓVIL. El funcionario remarcó que lo primero es discernir la veracidad de la amenaza: “Primero hay que establecer la entidad de la llamada para no tener que movilizar inmediatamente semejante cantidad de personal, con todos los gastos que eso implica, no solo económicos sino también de recursos humanos”.

En los últimos casos, la evacuación de edificios obligó a desplegar operativos de gran escala. “Como ocurrió en un hospital o en el Centro Cívico, hubo que movilizar y evacuar a un montón de gente”, recordó Galvani. Por eso insistió en que el desafío pasa por definir rápidamente si se trata de un episodio real o de una falsa alarma.

El fiscal explicó que, por la práctica adquirida, muchas veces el personal especializado puede advertir el origen de la llamada apenas comienza el diálogo. “En varias ocasiones se nota enseguida que son comunicaciones realizadas por menores o por niños”, apuntó.

La respuesta institucional se articula de manera conjunta. Galvani destacó que este trabajo involucra a la Secretaría de Seguridad, al Ministerio de Educación y al propio Ministerio Público. “Todo esto es tan dinámico que requiere de nuestra asistencia permanente. Estamos elaborando protocolos más ágiles y, al mismo tiempo, diseñando campañas de concientización para que se entienda la gravedad que tiene una amenaza de bomba, aunque sea falsa”, dijo.

La Fiscalía busca evitar que estos episodios se multipliquen y generen un desgaste innecesario en las fuerzas de seguridad. “No es solo un gasto operativo, es poner en riesgo a muchas personas que tienen que interrumpir su actividad para evacuar un edificio. Además, distrae recursos que deberían estar destinados a situaciones verdaderamente urgentes”, advirtió el fiscal general subrogante.

Por ahora, los operativos seguirán activándose con cada denuncia, pero con la premisa de verificar en el menor tiempo posible la seriedad de la amenaza. “Se trata de un fenómeno que no podemos dejar pasar. Cada llamada debe ser investigada, pero también debemos actuar con criterio para no paralizar a toda la provincia ante una broma o una travesura irresponsable”, concluyó Galvani.